Cádiz

El alcalde declarará el 14 de febrero como investigado en el 'caso Loreto'

  • La jueza practica nuevas diligencias tras la reapertura de la causa por injurias y calumnias

El alcalde José María González ha sido citado a declarar por un presunto delito de injurias y calumnias.

El alcalde José María González ha sido citado a declarar por un presunto delito de injurias y calumnias. / joaquín pino

El alcalde José María González ya ha sido citado a declarar por el caso Loreto después de que hace unos días la Audiencia Provincial revocase el auto de archivo de la denuncia del Partido Popular por injurias y calumnias tras las acusaciones de González al anterior equipo de Gobierno de haber suministrado agua contaminada a este barrio "a sabiendas".

La jueza del de Instrucción número 3, Rosa María García Jover, ha redactado una providencia por la que cita a declarar a José María González para el próximo 14 de febrero, el día de los enamorados, a las diez de la mañana. Y lo hará en calidad de investigado que es la condición que tenían antes de que archivara la causa.

González Bauza lo hará el día siguiente y cerrará esta primera ronda el jefe de gabinete

Un día después del alcalde ha sido citado a declarar el que fuera concejal de Medio Ambiente y también presidente de Aguas de Cádiz, Manuel González Bauza. Por último, para el 16 de febrero, lo hará el jefe del Gabinete de Alcaldía, José Vicente Barcia, que fue el que responsabilizó en concreto a Teófila Martínez y a Ignacio Romaní.

La Audiencia Provincial instó a la jueza de instrucción a que practicara nuevas diligencias para esclarecer si se habían producido injurias y calumnias, algo que en absoluto descartaba el órgano judicial que falló el recurso. De este manera atendía las peticiones del Partido Popular para que se tomara declaración también a los periodistas que cubrieron la asamblea celebrada en el edificio Ma'arifa con los vecinos de Loreto y donde el alcalde dijo la frase en cuestión. De este modo, más adelante tendrá que hacer otra providencia también para los periodistas, al igual que para los propios concejales populares que estaban afectados. De hecho, el día que estaba prevista la comparecencia de Teófila Martínez se suspendió porque fue cuando dictó el auto de archivo de la causa.

El equipo de Gobierno lejos de retractarse, cuando conoció que se volvía a abrir el caso por injurias y calumnias, volvió a reiterarse en lo que había dicho, es decir, que con los informes que manejaban consideraban que el anterior equipo de Gobierno suministró agua contaminada a los vecinos de Loreto conociendo el estado en el que se encontraba.

El escenario entre el momento en el que se produjo el archivo y el que hay en la actualidad es distinto, principalmente porque la Fiscalía decidió no seguir adelante tras los papeles y los informes que entregó el actual equipo de Gobierno con respecto a la gestión que hubo los días en los que se cerró el suministro de agua a Loreto y las jornadas anteriores. El objetivo era conocer si se había producido algún tipo de irregularidades.

Precisamente el alcalde y sus colaboradores se atenían a esos informes para hacer las afirmaciones que hicieron. Sin embargo, la Fiscalía decidió darle un carpetazo al asunto. El actual equipo de Gobierno ha apuntado en alguna que otra ocasión que no descartaban presentar una querella en toda regla, pero hasta ahora no han dado el paso adelante.

La Audiencia Provincial argumentó que el archivo había sido "más que prematuro" porque entre otras cosas la jueza no había practicado las diligencias oportunas para determinar si era cierto lo que había dicho el alcalde en la asamblea de Loreto y llegó a poner en tela de juicio la labor de los periodistas. El auto que revocaba el archivo ponía el dedo en la llaga en que no se hubiera hecho nada al respecto y lo primero pasaba por llamar a declarar a los periodistas.

La última vez que el alcalde tuvo que pisar un juzgado fue en el pasado mes de noviembre cuando tuvo que ir a declarar como testigo en este caso, por las amenazas que había recibido por parte de un ciudadano. A pesar de que él perdonó a la persona que había incurrido en las amenazas, finalmente tuvo que ir a declarar a instancias del PP, pero finalmente se archivó el caso.

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