Una comisión de administraciones y vecinos empezará a ordenar El Palmar Algeciras lleva a la Fiscalía a los promotores de 40 casas ilegales

  • El Ayuntamiento de Vejer lanza el plan de regularización de casas aunque no despeja dudas sobre su financiación y sus plazos · Propietarios vuelven a protestar contra los derribosLas viviendas se están levantando en monte público y llegan a los límites del parque natural del Estrecho

El alcalde de Vejer, el socialista Antonio Verdú, vaticina que 2008 será "el año definitivo" en la ordenación urbanística de El Palmar. El Ayuntamiento aprobó ayer en un Pleno extraordinario la puesta en marcha de una comisión de trabajo formada por el propio Consistorio, la Junta de Andalucía, la Diputación y diversos colectivos sociales que servirá para lanzar el plan de regularización y urbanización de El Palmar (Plan de Reforma Interior). El PERI regularizará unas 280 casas ilegales situadas en la primera línea de la playa de Vejer, aunque en el núcleo rural ya existe más de un millar de construcciones.

La comisión aprobada ayer se reunirá de forma periódica para ejecutar el plan urbanístico. En sus sesiones abordará desde la creación de una oficina de regularización de viviendas, a la financiación aportada por las administraciones y las cantidades que deberá pagar cada propietario para sufragar la construcción de aceras, viales y saneamientos en El Palmar. "No es un trámite administrativo más. Esta comisión significa que pasamos de la complicada fase de planeamiento a la fase de ejecución del PERI", argumentó Verdú.

No obstante, el equipo de Gobierno no despejó las dudas de la oposición y de los portavoces vecinales sobre cuestiones decisivas en la ejecución del proyecto como la financiación disponible o los plazos de intervención, ante la llegada de un arranque de año ocupado por campaña electoral.

La puesta en marcha del plan todavía está pendiente de que la Consejería de Obras Públicas y el Ayuntamiento de Vejer firmen un convenio que posibilite que sea EPSA (Empresa Pública de Suelos de Andalucía) la que desarrolle el plan especial urbano de El Palmar.

Verdú destacó que, tras el acuerdo, un trámite administrativo más, el tiempo de ejecución del proyecto dependerá de la agilidad de la Junta de Andalucía y del nivel de cooperación de los propietarios palmareños, sobre todo en lo que se refiere al abono de las contribuciones especiales.

El portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento, José Antonio Bello, defendió que la Administración andaluza no dispone de asignación presupuestaria para habilitar los servicios públicos en El Palmar, cuestión que dificultará la puesta en marcha del PERI. El equipo de Gobierno local aseguró que la financiación pública no será un problema.

Daniel Sánchez, portavoz del Partido Andalucista (PA), acusó al alcalde de ser un "peligro público para la política" por culpar a los vecinos de la situación de El Palmar y no asumir la responsabilidad del Ayuntamiento.

El plan de la costa vejeriega fue planteado por el equipo de Gobierno socialista en 2001 y aprobado de forma definitiva por la Junta de Andalucía hace un año. Los últimos doce meses, según defiende el alcalde, se han dedicado a conseguir el apoyo de la Administración regional para ejecutar el proyecto, un respaldo que es decisivo desde el punto de vista económico.

Antonio Verdú justifica los seis años de trabajo y trámites burocráticos reseñando las "características pioneras" del plan. "Es el primero de Andalucía que afecta a un núcleo urbano plagado de viviendas ilegales en vez de a una zona aún por construir; es el primer plan municipal en cuya ejecución se va a implicar al 100 por 100 la Junta; y además será exportable a otras localidades con una problemática parecida", subrayó el alcalde vejeriego.

El desarrollo del Plan de Reforma de El Palmar no evitará los derribos de viviendas ilegales previstos por la Junta en la zona, tal y como advirtió a los vecinos la semana pasada el delegado de Obras Públicas, Pablo Lorenzo, en un ambiente caldeado desde hace un mes por la demolición de una casa y el desmantelamiento de un restaurante en suelo rústico a instancias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Según los datos aportados ayer por la agrupación local de IU, que aseguró que proceden de la Consejería de Obras Públicas, en El Palmar existen 96 expedientes de derribo abiertos. El equipo de Gobierno socialista aseguró que son muchos menos.

Ayer, antes de que los políticos vejeriegos celebraran el Pleno extraordinario, unos 250 propietarios de casas ilegales en El Palmar volvieron a manifestarse en el centro del pueblo bajo el lema "ordenación sí, demolición no". Entre los asistentes se encontraban representantes de las asociación de vecinos Santo Domingo de la Calzada, del colectivo de comerciantes Ashopa y de la agrupación de padres de escolares de El Palmar, además de residentes sancionados o con expedientes administrativos en curso.

Los manifestantes recorrieron varias calles céntricas del pueblo y leyeron un manifiesto en la Plaza de España en el que volvieron a instar a las administraciones a que aceleren la ejecución tanto del plan urbanístico palmareño, que afecta a la primera línea de la playa, como del futuro Plan General del municipio, que debe completar la ordenación del núcleo costero. "Somos vejeriegos, vejeriegos de Vejer costa, como indica la señalización en la carretera en la entrada del pueblo, con todos los derechos y deberes que ello conlleva", proclamó el portavoz vecinal, Luis Alférez.

La Concejalía de Urbanismo de Algeciras ha abierto expediente a 40 viviendas ilegales que en estos momentos se están construyendo en la zona de Algamasilla, en la barriada de Pelayo. El Ayuntamiento tiene previsto denunciar hoy a los responsables de estas edificaciones ante la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente para que adopte medidas para restablecer la legalidad.

La Policía Local ha realizado un minucioso informe sobre la indisciplina urbanística en Algamasilla, que incluye fotografías de cada una de las 40 edificaciones ilegales. Asimismo, los agentes han ido casa por casa levantando denuncias e informando a los propietarios.

Las viviendas en construcción expedientadas se reparten entre las calles Algamasilla, Peña Lara y Naranjo de Bulnes. Una documentación que será aportada a la Fiscalía para que califique el tipo de delito en el que se ha incurrido en cada uno de los casos y actúe así en consecuencia.

El concejal de Urbanismo, Diego Sánchez Rull, explicó ayer a este diario que las viviendas se están levantando sobre suelo no urbanizable en pleno monte público. Algunas de ellas, incluso, están cerca de los límites del parque natural del Estrecho.

El edil del PSOE informó de que en estos momentos Urbanismo está elaborando un plan parcial de suelo urbanizable para la barriada de Pelayo. "Las delimitaciones son claras. Las viviendas ilegales que estén dentro de este nuevo planeamiento habrá que considerarlas y buscar para ellas una solución. Por contra, vamos a ser inflexibles con las que no lo están. Por ello estamos realizando este acto administrativo para que el fiscal intervenga", manifestó.

Sánchez Rull detalló que, de las 40 viviendas ilegales, la mayoría se están construyendo en la calle Algamasilla. Este suelo no es urbanizable ni lo será. Por tanto, según el edil socialista, "son ilegalizables".

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