Procasa arreglará dos fincas tras un año de ordenanza

  • La empresa ha tanteado varios edificios sin lograr firmar ningún acuerdo. Pronto formalizará los de Santa María, 6 y 10

Hace un año que entró en vigor la ordenanza municipal de infravivienda, una medida con la que el Ayuntamiento pretendía agilizar la rehabilitación del casco histórico, que le parecía que marchaba a un ritmo excesivamente lento.

Ya en el momento de su aprobación, la empresa municipal de vivienda, Procasa, tenía en mente dos fincas con las que podría inaugurarse este plan, el número 6 y 10 de la calle Santa María, en el barrio del mismo nombre. Son dos casas con partiditos, ambas catalogadas, en las que la ya la Oficina de Rehabilitación de la Junta había intentando intervenir sin éxito. De hecho, el 18 de marzo de 2002 la administración autonómica comunicaba al Ayuntamiento sobre el número 6 que "ha habido información a los vecinos y visita de la trabajadora social a la finca pero no ha continuado el expediente por no presentar la documentación necesaria. Existió asimismo un expediente de Transformación de la infravivienda, que el propietario no aceptó".

Durante el año transcurrido desde la aprobación de la ordenanza, Procasa ha avanzado en las negociaciones con propiedad e inquilinos hasta el punto que da por seguro que habrá acuerdo y espera que en pocos días se produzca su firma. Desde la empresa municipal se destaca lo complicado de las negociaciones, especialmente a la hora de alcanzar un consenso sobre el resultado final de la rehabilitación del inmueble.

El Ayuntamiento también ha intentado firmar convenios con "varias fincas más", aunque no especifica ni cuántas ni cuáles. Pero se ha encontrado con una negativa a rehabilitar que no le ha desanimado, sino que siguen intentándolo con otros edificios del casco histórico gaditano.

La Ordenanza par la Erradicación de la Infravivienda en Cádiz, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Cádiz el 18 de junio del pasado año, contempla actuar en los inmuebles de intramuros, independientemente de su año de construcción, que contengan partiditos (casas sin instalaciones básicas, hacinamiento...).

Para ello el Ayuntamiento destina ayudas máximas de 30.000 euros por vivienda resultante, incluyendo el presupuesto de contrata, los honorarios de proyecto y la dirección de obras. Igualmente, el gobierno local asume la licencia de obras.

Los beneficiarios de esta ordenanza son familias que vivan en infraviviendas y cuyos ingresos anuales ponderados sean iguales o inferiores a 2,5 veces el Iprem. En el caso de edificios completos, deben cumplir esta condición económica la mayoría de los vecinos.

La ordenanza también establece prioridades: los inmuebles cuya estructura y habitabilidad esté peor, donde residan más personas de edad avanzada, niños o minusválidos, y con peores situaciones económicas.

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