El Defensor del Paciente ha remitido una carta a la ministra de Igualdad, la gaditana Bibiana Aido, solicitando su intervención en el conflicto de las clínicas Pascual por el tema del uniforme y la obligatoriedad de llevar falda. La presidenta de esta asociación, Carmen Flores, señaló que en el documento se pide a Aido que "ponga cordura" en el asunto.

El Defensor del Paciente, que apoya a las enfermeras y auxiliares de la Clínica San Rafael de Cádiz que han iniciado la lucha contra la falda, ha calificado como "machista" la actitud de la empresa propietaria de varios centros sanitarios concertados dentro y fuera de la provincia. Esto por imponer a las profesionales, según se señala, "una vestimenta determinada sin razón justificada".

En concreto han criticado la decisión de volver a abrir expediente disciplinario a algunas trabajadoras, según ha denunciado recientemente el sindicato Comisiones Obreras, debido también a su insistencia en sustituir la falda por el pijama que llevan sus compañeros. A juicio de Carmen Flores esta es además una medida "desproporcionada" e "ilegal". Recordó asimismo el hecho de que a una de las cinco expedientadas se le ha comunicado un traslado forzoso al hospital que la empresa tienen en Málaga.

Al respecto igualmente el Defensor del Paciente ha señalado que la exigencia al personal médico-sanitario "debe venir por capacidad profesional, limpieza y pulcritud en su actuación" y no por otras cuestiones.

La intervención de la asociación Defensor del Paciente se suma al apoyo que el pasado jueves hacía público por su parte el Defensor del Pueblo, José Chamizo, tras una reunión con el comité de empresa de San Rafael y representantes de CCOO. Este se comprometió a trasladar al presidente de la Junta, Manuel Chaves, y a la consejera de Salud, María Jesús Montero, la situación de "indefensión", como la calificó, que a su juicio están viviendo las trabajadoras de las Clínica Pascual en Cádiz a raíz de su vestimenta.

A la espera de una resolución por parte de la Consejería de Empleo, que debe decidir si finalmente impone una multa a la empresa José Manuel Pascual Pascual S.A. asumiendo así las conclusiones del informe de la Inspección de Trabajo, se ha abierto un nuevo capítulo. Un segundo asalto en el conflicto entre una parte de las empleadas de las clínicas, principalmente de San Rafael, y la empresa. Las trabajadoras han retomado la ronda de contactos con administraciones y asociaciones para poner sobre la mesa su malestar y lo que entienden como una "grave discriminación".

Por su parte Pascual continúa firme en sus intenciones, cuestión que dejó clara cuando desde la dirección de la empresa se señaló que no existía intención de modificar el uniforme salvo que así lo dijese un juez. Desde el principio se ha insistido en que la falda obedece a cuestiones de uniformidad e imagen y que en ningún momento responde a ningún tipo de cuestión discriminatoria.