"Como institución pública tenemos un compromiso con la sociedad y somos una universidad sensible con los problemas sociales". Con estas palabras afianzaba ayer el rector de la UCA, Eduardo González Mazo, los dos acuerdos firmados con la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, por un lado un protocolo general de colaboración y por otro un convenio específico para el impulso de estudios universitarios en jóvenes que hayan sido tutelados por la administración autonómica andaluza y haya cumplido 18 años. En este último ámbito, la Universidad gaditana facilitará cada curso académico hasta cuatro plazas residenciales en alojamientos universitarios, abonando el 100% de su coste. La organización, coordinación, seguimiento y evaluación de las propuestas de las personas candidatas y proceso de asignación, se realizará conjuntamente entre la Universidad de Cádiz y el Servicio de Protección de Menores de la Delegación Territorial de Cádiz.

El convenio suscrito para brindar una oportunidad de formación universitaria a los jóvenes que han sufrido "circunstancias especiales" personales que dificultan su integración en el espacio socio-laboral es "nuestra intención que se convierta en una política genérica en el entorno de las universidades andaluzas de la mano de la Junta", declaró el rector. Los alumnos tendrán el alojamiento, gastos de matrícula y medios económicos cubiertos durante un máximo de cinco cursos, que le permitan desarrollar con normalidad su vida académica. A cambio, se les pedirá un rendimiento académico adecuado.

Dentro del convenio general, ambas administraciones ya colaboran en el Aula de Mayores o Participación y Voluntariado o proyectos de cooperación internacional. La consejera incidió en su agradecimiento a la UCA por continuar esta alianza, teniendo como referente "la sensibilidad especial" que tiene esta universidad con estas políticas como acreditan las actividades conjuntas que llevan tiempo organizando.

Además, a través de este protocolo, la consejera explicó que quieren ahondar en la cooperación en materia de investigación e innovación para mejorar los servicios sociales, "un espacio en el que se ha trabajado poco y hay mucho campo por hacer". Y también, en la formación de posgrado en drogodependencia y adicciones desde la perspectiva de género, en situaciones de "invisibilidad y silencio, pues hay mujeres que tienen dificultades y necesitan la implicación de todos".