Una de las principales promesas que incluía el programa electoral con el que concurrió Por Cádiz sí se puede a las elecciones municipales de 2015 era la remunicipalización de una decena de servicios públicos. Un proceso por el que el Ayuntamiento dejaría de contar con empresas privadas para realizar estas prestaciones. La promesa como aspirantes comenzó a hacerse realidad como gobernantes -en unión con Ganar Cádiz en Común- con el inicio del procedimiento para la internalización de los contratos de la limpieza de la arena, el mantenimiento de los módulos y el socorrismo y el salvamento de las playas.

Sin embargo, este camino remunicipalizador, que también están siguiendo otros consistorios de similar color político, se ha encontrado con un importante escollo que lo pone en peligro: el Gobierno central. El proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2017, que en la actualidad se encuentra en proceso de tramitación, pone coto a estos procedimientos a través de la disposición adicional vigésima séptima, que incluye las limitaciones que, una vez aprobadas las cuentas, se pretenden incluir de manera indefinida a la incorporación de personal laboral al sector público.

La entrada en empresas públicas contaría como nuevos ingresos en la tasa de reposiciónLa sociedad Cádiz 2000 va a absorber a los trabajadores de los servicios de playas

Así, en su apartado 1.a) indica que las Administraciones Públicas no podrán considerar como empleados públicos ni incorporar en esta condición tanto en la propia Administración como en una entidad de derecho público "a los trabajadores de los contratistas de concesiones de obras o de servicios públicos o de cualquier otro contrato adjudicado por las Administraciones Públicas (...) cuando los contratos se extingan por su cumplimiento, por resolución, incluido el rescate, o si se adopta el secuestro o intervención del servicio conforme a la legislación de contratos del sector público que resultase aplicable a los mismos".

La normativa va más allá en su segundo artículo, que dice que "en aquellos supuestos en los que, excepcionalmente, en cumplimiento de una sentencia judicial, o previa tramitación de un procedimiento que garantice los principios de igualdad, mérito y capacidad, el personal referido en el apartado 1.a) anterior sea incorporado a sociedades mercantiles públicas, las incorporaciones que se produzcan de acuerdo a lo previsto en este apartado, se contabilizarán como personal de nuevo ingreso del cómputo de la tasa de reposición de efectivos".

Esta intención que recoge el Gobierno central en su borrador de los PGE todavía tiene que recorrer un largo camino para incluirse en la ley definitiva que salga del Congreso de los Diputados, ya que el Partido Popular no cuenta con la mayoría absoluta y debe buscar apoyos para recibir el visto bueno. Si las previsiones iniciales se cumplen, el texto definitivo se publicaría el 25 de junio en el BOE.

En medio de esta tramitación, el Ayuntamiento está resolviendo en paralelo el procedimiento para la aprobación de la remunicipalización de los servicios de limpieza de la arena, mantenimiento de los módulos y salvamento y socorrismo de las playas, cuyas plantillas serán asumidas por la sociedad municipal Cádiz 2000. Este proceso está actualmente a la espera de que los técnicos municipales finalicen los informes sobre las tres alegaciones presentadas por PP, Ciudadanos y el sindicato UPLBA para su votación en el Pleno, lo que daría el respaldo definitivo a este trámite. La intención municipal es que los trabajadores ya formen parte de Cádiz 2000 el próximo 1 de junio, antes de la entrada en vigor de los PGE.

Fuentes expertas en la materia consultadas por este medio señalan que, si se aprobaran los PGE tal y como están redactados actualmente, el Ayuntamiento, como institución pública, "no podría asumir a los trabajadores" afectados por este tipo de procesos.

De todas formas, recalcan estas fuentes que cada expediente para la internalización de los servicios es diferente, por lo que "hay que hilar fino" para ver cómo afectaría esta normativa en cada caso. De hecho, una parte importante está en las instrucciones que dará el Ministerio de Hacienda y Función Pública "para ver cómo se resuelve" el cumplimiento de la ley por las entidades públicas.

En cuanto a la absorción del personal, apuntan estas fuentes que cuando entran en conflicto la sucesión de empresas y el acceso al empleo público, en el inicio del procedimiento a estos empleados "se les puede considerar como indefinidos no fijos, pero para hacerlos fijos, la plantilla tiene que superar un proceso selectivo", de manera que se garantizarían los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

En el caso gaditano, hay que tener en cuenta que los trabajadores de las tres empresas afectadas por la remunicipalización se van a integrar en la sociedad municipal Cádiz 2000. De hecho, en el informe del secretario municipal, Marcos Mariscal, que acompaña al expediente de este proceso se reconoce que los trabajadores tendrán que pasar por un proceso selectivo -ya sea por oposición, concurso-oposición o concurso de valoración de méritos- para obtener la consideración de empleado "fijo", ya que en la empresa pública entrarían como indefinidos no fijos.

En este proceso incide el apartado segundo de la citada disposición adicional, ya que se limitaría la incorporación de nuevos trabajadores a la tasa de reposición de efectivos si se cumple el supuesto de la realización de un proceso de acceso al empleo público. Por ello, las fuentes consultadas explican que éste es uno de los puntos a tener en cuenta debido a que estos empleados "se contabilizan como personal de nuevo ingreso" en la tasa de reposición. De hecho, Cádiz 2000 va a ver aumentada considerablemente su plantilla al asumir los trabajadores de los tres servicios afectados.

En relación a este asunto, remarcan estas fuentes que en las Administraciones Públicas "desde hace cinco años las tasas de reposición son nulas, por lo que ahora mismo no pueden contratar funcionarios". Sin embargo, añaden que "las limitaciones para las sociedades mercantiles son diferentes a las de las Administraciones", por lo que habría que estudiar cada caso por separado para conocer si la disposición adicional incluida en los PGE supondría un problema para la absorción de estas plantillas. Por esto, estas fuentes recuerdan que las empresas públicas, a pesar de que sus trabajadores no tengan la misma condición que un empleado público, en su selección sí deben regir los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

Teniendo en cuenta que los PGE se están tramitando y que, como poco, no entrarán en vigor hasta junio, las fuentes consultadas consideran que "no es descabellado que el Gobierno impugne el proceso si tiene fundamentos", por lo que podría pedir su suspensión a través de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Este medio se puso ayer en contacto con el Ayuntamiento de Cádiz para conocer su versión sobre cómo puede afectar la tramitación de los PGE al proceso de remunicipalización que está llevando a cabo en estos momentos. Sin embargo, decidió no pronunciarse oficialmente sobre este asunto.