Los vecinos de Paco Alba, 5 salían ayer de sus casas para ser realojados. Llevan tres años y medio esperando un realojo, pero no éste. Éste fue deprisa, sin apenas tiempo para apagar el fuego de la cocina, en bata. El que esperaban era un realojo digno, el que les llevaría a las casas donde esperarían la rehabilitación de sus viviendas.

A las tres menos cuarto de la tarde de ayer sucumbía parte de la cubierta de esta finca de la Viña sobre el salón de un vivienda del segundo piso. El matrimonio que vive allí no salió herido: oyeron ruidos raros (más de lo normal, porque llevaban varios días escuchando crujidos) y salieron de la habitación. Manolo se fue de la vivienda, cerrando la puerta y sin coger la llave. Ella, Conchi, se fue a la cocina y se quedó atrapada por los escombros procedentes del boquete de ocho metros cuadrados que se había abierto en el techo y que cubrieron el salón instantes después, explica su cuñada y también vecina, María. Los bomberos se encargaron de rescatar a Conchi y, junto con el resto de los vecinos (cinco familias) han quedado fuera de sus casas, con lo imprescindible.

La mujer fue atendida por el 061, pero no estaba herida, sólo nerviosa. Los bomberos y el técnico de Urbanismo vieron riesgo de nuevos derrumbes en la finca, por lo que la casa ha quedado precintada tras la intervención de los bomberos, la Policía Local, el Cuerpo Nacional de Policía y el perito municipal.

No es un derrumbe más. La casa de Paco Alba figura en todas las listas negras de la infravivienda en Cádiz. La casa fue legada en herencia por un particular a las concepcionistas, las monjas del convento de Santa María, y de momento el responsable legal es un usufructuario vitalicio, también un particular.

El 29 de septiembre de 2005, Junta y Obispado firmaron el convenio que permitiría la rehabilitación del convento, entre otras actuaciones. Paco Alba, según este acuerdo, serviría para que las concepcionistas pagaran la parte que les correspondía de la reforma de su convento.

La Junta, a partir de ahí, hace los estudios previos -en ellos ya se habla del mal estado de los techos, de "bastante antigüedad y mucho deterioro"-, obtiene el permiso de derribo de Cultura de la Junta y de Patrimonio municipal, todo ello en 2006. Pero no consigue hacerse con una casa ya tasada en 270.450 euros. El problema estaba en que el legado comprendía la existencia de ese usufructuario, representado por Administraciones Ortega (con la que este periódico no logró contactar ayer), que cobra rentas y debe encargarse del mantenimiento. Las religiosas debían indemnizarle por la venta del edificio y el Obispado asumió las gestiones. Según asegura un portavoz de la Iglesia, ha habido bastantes desacuerdos debido a esta situación, que parecieron resolverse en una reunión mantenida hace unas tres semanas. Exigieron al administrador (al que la Iglesia le ha llegado a requerir por escrito y de forma fehaciente) que hiciera su parte, entregando para empezar un testamento que el Obispado sólo ha logrado ver tras el derrumbe.

El Ayuntamiento, por su lado, realizó peticiones de obras de seguridad en el segundo derecha en abril de 2007. Sobre qué pasó con este expediente existen dos versiones. La inquilina de esa casa asegura que en su casa no entró nadie para hacer ninguna obra. Pero el usufructuario había certificado el cumplimiento ante el Ayuntamiento, que cerró el expediente. La vecina pidió una revisión municipal.

Representantes de los vecinos acudieron ante el representante del usufructuario y, el 26 de enero, le presentaron un escrito en el que amenazaban con recurrir a los juzgados si era necesario por la situación "insostenible" de una casa que se les "caía encima". En el escrito consideran que tres años y medio es tiempo "más que suficiente" para ceder la casa a la Junta. Le daban diez días para tomar las "medidas oportunas".

Los vecinos siguieron moviéndose y hablaron con la gerente de la Oficina, Silvia López, quien envió escritos al Obispado y al Ayuntamiento en los que reflejaba las denuncias vecinales y explicaba que ellos no podrían intervenir mientras no se formalice la compra del edificio. Al Obispado le pide que se aceleren los trámites. Al Ayuntamiento, que intervenga con sus competencias.

El técnico fue a la casa el pasado jueves y realizó un informe tanto de la vivienda denunciada como de la de al lado, la siniestrada, pese a que no estaba denunciada. En él dice que se han ejecutado las obras pedidas y se requieren más, algo que iba a ir hoy a junta de gobierno local.

El derrumbe ha hecho que ayer el Obispado haya dado un ultimátum a Administraciones Ortega para resolver los papeles y cerrar ya los acuerdos en notaría. Primero las monjas deberán aceptar el legado, después indemnizar al usufructuario y después, vender.