El Juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de Cádiz  ha declarado la anulación de una de las bases que regían el proceso  selectivo para la consolidación  del personal temporal de la Diputación. El proceso estaba suspendido cautelarmente  por orden de este mismo juzgado después de que el grupo popular de la institución provincial presentara un recurso  contra las bases de este proceso, que se aprobó en el Pleno de julio de 2009 dentro del Plan de Estabilidad y que significaba la consolidación de 261 puestos de  funcionarios que  prestaban sus funciones como personal temporal y que ocupaban sus puestos desde 2005.

El Partido Popular dio a conocer ayer en rueda de prensa que el juzgado ha estimado parcialmente su recurso, declarando la "no conformidad a derecho y la consiguiente anulación del contenido de la base séptima, concretamente en lo relativo a la fase de oposición". El dictamen explica que la descripción del ejercicio en que consiste la fase de oposición  "no garantiza adecuadamente la concurrencia de los principios de mérito y capacidad que consagra la Constitución". 

En sí, el ejercicio consistía en la presentación de una memoria sobre el contenido de las funciones a desempeñar. Los aspirantes lo tenían que defender luego antes un tribunal "pero lo problemático es que la presentación previa al momento de su lectura, sin posibilidad alguna de control sobre su elaboración, constituya el ejercicio". Se admite la posibilidad de presentar una memoria, "otra cosa es- añade el fallo-que esta constituya el ejercicio de la fase de oposición". Precisamente, el contenido finalmente publicado que anula el juez, dice también el dictamen, "no coincide plenamente con el inicialmente aprobado en la sesión del 29 de abril de 2009... pero sí coincide con lo que se refiere al decreto del 11 de junio".

Para el presidente provincial del Partido Popular, José Loaiza, "presentando una memoria   no se mide el mérito". Según los populares, esta decisión demuestra que el presidente de la Diputación, Francisco González Cabaña, y la Diputación "estaban haciendo trampas" porque lo que querían era "perpetuar la administración paralela, consolidar a los que han entrado a dedo". "Cabaña intenta politizar la institución, asegurándose que cuando se vayan estén ahí los suyos con el carnet en la boca", afirmó el popular, para el que además "no es el momento para engordar las administraciones", dejando claro "no tener nada contra ningún trabajador".

Hoy el diputado de personal Cristóbal Rivera ofrecerá una rueda de prensa sobre el dictamen -que es recurrible- tras reunirse con los sindicatos, ya que el Plan de Estabilidad en el Empleo "fue negociado y acordado con las centrales sindicales". Ya, en el pleno que se aprobó este acuerdo, con el no del PP, Rivera defendió que era "un proceso claro y transparente que permitía un acceso en igualdad", al igual que los CSIF, CCOO y UGT.

Fue una sesión polémica. Empleados colocaron una pancarta tras los diputados populares, que reprocharon una actitud de Cabaña que también denunciaron.