EN los últimos acontecimientos que venimos sosteniendo en España, un gran número de ellos están envueltos y sujetos a decisiones judiciales que bien en los juzgados de instancia o en los tribunales superiores o el Supremo, es raro que cada día no nos encontremos con demandas, allanamientos, sentencias, ejecuciones, querellas, denuncias y un largo etcétera que componen todo el entramado judicial que un Estado de Derecho tiene y debe tener para que un poder judicial independiente sepa vigilar y recortar abusos y otras actitudes que contrarias a Derecho realiza la sociedad civil en su conjunto.

Se dice que hay pocos juzgados, malas sedes judiciales, agobio de trabajo de jueces, fiscales y secretarios judiciales y, cómo no, inoperancia muchas veces de quienes envuelven todas estas parcelas que siempre están sometidas a indicadores y estadísticas que muchos deben conocer. La mejor estadística es la que facilita la Comisión Europea cuando analiza las dotaciones de plazas de jueces; utiliza el indicador por cada 100.000 habitantes y en ese ratio nos encontramos perfectamente ubicados en el tramo de aquellos países de culturas jurídicas propias de nuestro entorno: 11,2 jueces por cada 100.000 habitantes en España; en el caso de Holanda, 14,4: Suecia 11,8 y por delante de Noruega, con 11, se encuentran Francia con 10,7 e Italia con 10,6. Es decir, tenemos sistemas de organización de la Justicia distintos en cada país y que tienen sus singularidades y a veces la función que desempeñan. Lo que aquí conocemos como Jueces de Paz o que conocemos también como secretarios judiciales, en otros países se incorpora al concepto genérico de juez y, por tanto, a veces nos salen ratios en algunos países un tanto singulares.

Pero dejemos claro que estamos alrededor del entorno, que es once jueces por cada 100.000 habitantes. Posiblemente, ante tanta carga de trabajo, el número parezca insuficiente, pero hace escasamente cuatro semanas se aprobó un Real Decreto por el que se creaban 282 plazas para jueces y magistrados, sin olvidar que algunos de ellos ya estaban en el sistema como jueces de adscripción temporal. Pero en definitiva, este decreto ha tenido dos efectos: por una parte, dotar de plazas en sentido estricto a esos jueces -por lo tanto una singularidad identificativa- y, por otra, la creación de muchas plazas de órganos colegiados en las Audiencias Provinciales, quintas plazas en audiencia que permiten organizar mejor la conformación de sala y atender de mejor manera las demandas y las cargas de trabajo; y recordar que en la próxima reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial se incorporarán herramientas que tendrán que ver con la capacidad de los órganos de gobierno; y me estoy refiriendo a las salas de gobierno de los tribunales superiores de Justicia o a los jueces decanos, donde en esa capacidad que tienen de adoptar medidas gubernativas y de organización del trabajo, puedan distribuir mejor los asuntos entre los distintos órganos jurisdiccionales, pues así se podrán evitar aquellas unidades judiciales que tengan sobrecarga y supongan un esfuerzo para estos jueces.

Esta Justicia de la que hablamos y que tiene que ser mejorada como servicio público, posee hoy 5.360 jueces, 2.500 fiscales, 4.500 secretarios judiciales, más de 44.000 funcionarios y, por tanto, entiendo que su organización y dotación deben ser aprovechadas para que su potencial humano, tan importante, haga efectiva la Justicia en España.

En mi parecer, hay y existen jurisdicciones donde la especialización tiene que ser vital y prioritaria. No puede un juez de lo Social desconocer, como se desconoce por muchos, el amplio abanico de la normativa sobre Seguridad Social o saber interpretar oportunamente miles de convenios colectivos, que es la moneda de cambio entre trabajadores y empresas. Y qué decir de tener conocimientos hasta de los datos contables y económicos de tantísimos Eres que la reciente reforma laboral ha permitido para una mejor creación de empleo. Hay que estudiar más y ser especialista. Lo mismo ocurre en la Jurisdicción Contenciosa y así podría alargarme en otras más, pero la no especialización y dotar a jurisdicciones importantes de jueces y magistrados que no conocen el papel que les agobia y que tienen que sacar, es alargar y alargar los procedimientos porque los recursos llueven, el justiciable se cansa y los operadores jurídicos dudamos permanentemente de si una sentencia es dictada por uno u otro juez creando una inseguridad jurídica y un alargamiento de los procesos que no tienen límite. La Justicia no sólo es de los jueces; la Justicia sí la administra los jueces, pero para que esté bien administrada hay que sentar en la mesa a todos los que trabajamos en ella, a todos los que la padecemos, a todos los que la interpretan y la viven y a todos sin excepción, pero también con disciplina, con cumplimiento de horarios, con reciclaje permanente, con actualización de la jurisprudencia, sin vaivenes, sin buscar el camino más corto para archivar los autos y saber ejecutar con criterio y celeridad los autos y sentencias, pues si ello no se sabe para qué se quieren los mismos.

Creo que hay proyectos de ley que van a dar mucho juego en un futuro, entre ellos, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la reforma del Código Penal y la supresión y reforma de tasas judiciales que en muchos de los casos como ya se ha llevado a cabo y un largo etcétera que en estos momentos están en las Cortes Generales, pero lo más importante: sin formación, sin preparación, sin textos legales donde consultar (como ocurre en muchos juzgados) y sin saber ensamblar a todos los que formamos este difícil entramado, la Justicia aunque le pongamos un ratio de 22 jueces por cada 100.000 habitantes seguirá sin prosperar.