LA presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, abrió el pasado miércoles, en el Debate sobre el estado de la Comunidad, un nuevo frente en la batalla jurídico-política entre el Gobierno autonómico y el Gobierno de la nación. Sus quejas sobre el sistema de financiación autonómica, en especial la liquidación de los fondos de convergencia, y sobre el incumplimiento de la disposición estatutaria acerca del porcentaje de inversiones estatales que corresponderían a esta comunidad autónoma intenta instrumentarlas exigiendo una reunión aclaratoria de la comisión bilateral Estado-Junta y preparando recursos ante los tribunales, respectivamente. Sobre este último punto, conviene subrayar que ya existe jurisprudencia constitucional en sentido negativo a las aspiraciones del gobierno regional. En cuanto a los fondos de convergencia, el Gobierno de la nación precisó ayer, con el retraso habitual, que su distribución entre las distintas autonomías se atiene a lo previsto en la ley correspondiente, pero es cierto que los criterios no están bien delimitados y que hay un hecho real: en lo que se refiere a la liquidación de 2013, Andalucía ha salido perjudicada y Cataluña y la Comunidad Valenciana han resultado beneficiadas, lo que sugiere la aplicación de criterios políticos relacionados con el control del poder en las dos comunidades citadas y con la singularidad de Andalucía, la única comunidad, junto a Asturias, en manos del primer partido de la oposición. Sea como fuere, estas discrepancias deben ser discutidas abiertamente y solventadas con la responsabilidad y el espíritu constructivo que tanto echamos en falta en las relaciones Estado-Junta. Por lo demás, lo que este episodio del Debate de la Comunidad pone de manifiesto es la peligrosa estrategia del Gobierno andaluz de atribuir al maltrato del Gobierno central la responsabilidad en la grave situación que atraviesa Andalucía y la escasa brillantez de su propia gestión. Instalada en esta estrategia, Susana Díaz no dudó tampoco en lanzar el mensaje de que si se viera abocada a dar por acabada la legislatura y adelantar las elecciones no sería por las discrepancias entre el PSOE e IU a cuenta de los Presupuestos de 2015, sino porque esos presupuestos serían imposibles de cuadrar a causa de las restricciones y carencias de financiación que impone el Gobierno Rajoy. Aunque la posibilidad de que se esté castigando a Andalucía en cuestiones de financiación es insoportable y debe ser aclarada sin demora, el Gobierno andaluz ha de renunciar a este planteamiento maniqueo y escapista de rehuir sus responsabilidades, por lo demás evidentes, en la crisis que sigue golpeando a esta comunidad autónoma.