Hay una frase de las memorias de Ben Bradlee, el que fuera director de The Washington Post durante el caso Watergate, que se cita siempre para diferenciar la esfera de lo público y de lo privado en la política: senador borracho en su casa, asunto privado, senador borracho en el Senado de los EEUU asunto público. En principio puede parecer una buena diferencia para establecer qué cosas deben aparecer en un periódico y cuáles pertenecen al ámbito de la vida íntima de los políticos. Tanto el caso de la cacería del Rey como el del delegado de Agricultura de la Junta de Andalucía en Cádiz se ha pretendido por algunos zanjar como un asunto privado que en nada tiene que ver con la función institucional de cada. Y es un error. Aparte de la diferencia que establecía Ben Bradlee, hay otro aspecto fundamental: el carácter ejemplarizante de la actividad pública. El alcalde de Santiago de Compostela ha tenido que dimitir cuando se ha sabido que había evadido al fisco y se podría haber argumentado que no tenía nada que ver con su función al frente del ayuntamiento. Hay quienes defienden que hasta un Rey tiene derecho a su vida privada. El asunto es que hay límites a la actuación de quienes se dedican a la vida pública. Lo hacen de manera voluntaria y administran los recursos de todos. Un pederasta (no es el caso, claro) no podría ostentar un cargo de representación. Esa labor ejemplarizante es lo que llevaba a Platón a hablar del gobierno de los mejores frente al cualquierismo (según expresión de Rafael Garófano) que impera en nuestros días. El propio Griñán, presidente en funciones de la Junta, cuando tomó posesión, dijo que había que elegir a los mejores para los puestos sin mirar su adscripción a sectores o partidos. Feliz expresión que luego, desgraciadamente, no se ha cumplido en absoluto. Pero tenía razón Griñán y la tenía Platón: un gobernante, sea cual sea la esfera de su representación, no puede tener actuaciones irregulares, sea irse a cazar elefantes o conducir bebido. Eso por no citar que tampoco debe cobrar por un puesto de trabajo al que no va jamás, como era el caso de algún concejal del Ayuntamiento de Cádiz.

A mí me parece bien que el nivel de exigencia para el ejercicio de la actividad pública sea alto. El que no esté dispuesto, que siga en su trabajo y otro ocupará su puesto. En democracia las formas son esenciales. Me parece perfecto que haya dimitido Juan Antonio Blanco cuando ha sido denunciado por una infracción o delito, aunque me parece fatal la manera de comunicarlo por persona interpuesta. Me parece completamente fuera de lugar  que todavía siga ocupando dos cargos públicos Alfonso Moscoso, que tuvo un percance similar y no ha dado señales de dimitir. Algo parecido ocurrió con el concejal de IU en Conil Francisco Alba (ahora acogido en el exilio de Medina) y con el concejal de San Roque Carlos Bezares (que dimitió inmediatamente). 

En España no parece existir la conciencia de la ejemplaridad en el ejercicio público sino más bien el atávico "usted no sabe con quién está hablando".