NO se descubre nada nuevo cuando se dice que la educación pública en España está en quiebra. Este deterioro comenzó hace décadas y cada año el informe PISA nos recuerda que estamos por detrás de muchos países subdesarrollados.

No es éste el único mal que aflige a la educación pública. Un vocerío constante e insufrible en aulas y pasillos, la mala educación y la palabra soez como medio habitual de intercambio humano, problemas gravísimos de disciplina y otros males que callaremos piadosamente componen el cuadro de un naufragio anunciado que se ha cumplido con creces. Las causas por las que hemos llegado hasta aquí son muchas pero no infinitas. Admiten enumeración y análisis. Mencionaremos sólo dos: la demagogia populista y autonómica, y la dejación que el Estado ha hecho de sus funciones. Porque el Estado, mientras exista, tiene la obligación de velar por ese pilar de la democracia, de la prosperidad y de la movilidad social que es la escuela pública de calidad, una institución cuyo fin principal debe ser transmitir conocimientos y no funcionar como una guardería de niños y adolescentes.

Cada año, Finlandia nos deja a todos con la boca abierta y los profesores de media Europa y Estados Unidos se preguntan desolados que están haciendo mal. Pues resulta que nada. La receta finlandesa es transparente y consiste en administrar generosamente tiempo y espacio. Los centros son muy pequeños. En los liceos no se sobrepasa los 500 alumnos y abundan los que se quedan en 400. Los espacios son amplios y cómodos. No hay suciedad ni vocerío ni aglomeración. Las aulas no bajan de los 65 metros cuadrados. Para alumnos de entre 3 y 6 años hay en el aula dos profesores cualificados, un auxiliar de preescolar y un asistente del profesor. El número de alumnos para esta edad es de 21 como máximo.

Durante los primeros años de la escuela obligatoria (Basic Education, de 7 a 13 años), el número de alumnos por clase no debe sobrepasar de 25. En realidad, lo normal es que no llegue a 20 alumnos. En el colegio de Juhanala ninguna de las clases sobrepasa los 20 alumnos. Desde la escuela primaria y en la secundaria hay auxiliares de educación que colaboran con el profesor en la misma clase o se hacen cargo de grupos reducidos de alumnos que necesitan ayuda particular. Nadie tiene que cansarse demasiado, ni profesor ni alumno. Hasta los 16 años (fin de la escuela obligatoria) las sesiones se limitan a 45 minutos con descansos de 15 minutos durante los cuales los alumnos pueden irse a pasear si quieren… y el profesor también. El profesor finlandés tiene 20 sesiones lectivas (de 45 minutos), pero dependiendo de la materia serán más o menos. Los de lengua finlandesa o extranjera, por ejemplo, sólo tienen 18 sesiones y los de deporte o plástica llegan a 23 sesiones.

Finlandia gasta un 7% de su PIB en educación; España, un 5%. La diferencia es grande, pero no es abismal. ¿Dónde ahorran el dinero los fineses? En la burocracia intermedia e inútil. Los centros son administrados por los municipios, pero la legislación y organización del sistema es estatal y única.

El Estado finlandés no ha dejado jamás en manos de unos y otros la educación pública, aunque sean los municipios quienes administren los centros (sólo administran, nunca legislan) por razones de comodidad. Ahora bien, llegados al punto en que estamos en el proceso de centrifugado autonómico, la recuperación por parte del Estado de las competencias en educación es una quimera. UPyD ha hecho de este punto una prioridad, pero me pregunto cómo piensa llevarlo a cabo, llegado el caso. Porque si el partido X necesitara los votos de UPyD para gobernar y UPyD estuviera dispuesto a dárselos a cambio de recuperar esta competencia, sucedería simplemente que el partido X no podría satisfacer esta exigencia de UPyD, aunque quisiera. Semejante recuperación chocaría de plano con leyes orgánicas y estatutos de autonomía y vendría a morir a las playas letales del Tribunal Constitucional.

Nosotros no podemos crear un sistema como el finlandés. Lo que sí puede hacer un Gobierno es crear una red de centros estatales. Para hacerlo basta con la decisión del Consejo de Ministros y un real decreto. Esto no colisiona con ningún estatuto y sería difícil de tumbar en el Tribuna Constitucional porque simplemente no se puede despojar al Estado de su capacidad para crear centros educativos. Imaginemos que el Ministerio de Educación y Ciencia abre un centro estatal de enseñanza media en cada capital de provincia. El gasto que esto acarrea no es enorme y es perfectamente factible hacerlo sin aumentar el presupuesto, por ejemplo, eliminando gastos superfluos como la catequesis de las políticas de género, el reparto de portátiles a los alumnos de la ESO, las pizarras digitales, el gasto inútil de las pruebas de diagnóstico, etcétera. Imaginemos que para entrar en este centro estatal haga falta un examen de ingreso y otra prueba semejante para acceder al bachillerato. Sería el mismo examen con las mismas pruebas para todo el país. Imaginemos que los libros de texto los pone el propio ministerio y están elaborados por comisiones formadas por profesores de enseñanza media de cada materia y profesores universitarios de reconocido prestigio.