El PP presentó ayer en el Congreso una propuesta de reforma de la Ley de Extranjería que recorta el derecho de reagrupación familiar, amplía el periodo de internamiento hasta un máximo de 70 días y establece la figura del contrato de integración.

Los populares critican duramente la política de "descontrol" en inmigración del Ejecutivo y como alternativa proponen esta reforma para "dar un giro de 180 grados" con el objetivo de "poner orden y control donde ahora hay caos, descontrol y desbordamiento", según aseguró el portavoz del PP en Inmigración, Rafael Hernando, quien aspira a que "España sea un país de oportunidades, y no de falsas expectativas".

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, el PP acusó también al Gobierno de realizar una "regularización clandestina y encubierta de inmigrantes", tras conocer que en el último trimestre se habrían concedido 330.000 nuevas tarjetas de residencia y que, además de la regularización de 750.000 inmigrantes que se realizó en 2005, el año pasado se regularizó a otros 957.0000, y en lo que va de año, a más de 550.000 inmigrantes.

Hernando, que compareció junto al directivo del grupo parlamentario del PP, Alfonso Alonso, aseguró que con esta iniciativa su formación persigue una "gestión adecuada" del fenómeno migratorio tanto para proteger a los inmigrantes que puedan venir legalmente como a los que residen en nuestro país. Los dos portavoces del PP subrayaron la necesidad de cambiar radicalmente la política en esta materia al asegurar que los extranjeros residentes alcanzan ya los 5.600.000 de personas -un millón de ellos ilegales, según la estimación de los populares-, que representan un 12% de la población, un porcentaje superior al de los extranjeros en Francia, Reino Unido o Alemania y que sitúa a nuestro país en el primer lugar del mundo en cuanto a población relativa de inmigrantes.

Hernando arremetió también contra la última iniciativa del Gobierno para favorecer el retorno de los inmigrantes en paro a sus países de origen, una medida a la que, según las estimaciones del Gobierno, se acogerán 87.000 inmigrantes y según las del PP sólo 10.000, cifra que le valió a Hernando para manifestar que "no tiene sentido que se vayan 30 cada día cuando regularizamos a más de 3.000 personas diarias".

En su proposición de ley, el PP propone modificar los sistemas de entrada y regularización vigentes y, en especial, limitar el reagrupamiento familiar a los ascendientes, una propuesta en la que, reconocieron, coinciden con la previsión del Gobierno para evitar "el reagrupamiento en cadena sin fin" que ha desbordado al Ejecutivo.

Hernando anunció también que ya ha solicitado al Gobierno que presente al Congreso informes sobre dos figuras de regularización que calificó como "inquietantes": el arraigo y la contratación en origen. Respecto a la primera, indicó que pretenden que no se convierta "en un coladero de inmigrantes que están en la ilegalidad", y en cuanto a la segunda recordó que en 2007 se contrataron a 250.000 inmigrantes por esa modalidad, de los que 50.000 fueron temporeros y otros 30.000 con cargo al contingente, y que el resto "eran personas que ya estaban en nuestro país".

A este respecto, Hernando reivindicó que los convenios que se firmen con otros países tengan carácter europeo "y que no sean propaganda par dar la sensación de que están haciendo algo".

La propuesta de los populares incluye también propuestas para ampliar los mecanismos de lucha y disuasión contra la inmigración ilegal y las mafias. En este asunto, Hernando apuntó que el Gobierno, en el último trimestre, sólo ha podido expulsar al 12% de los inmigrantes ilegales con expediente de expulsión, y por eso proponen que los cuarenta días con que cuenta el Gobierno para hacerla efectiva se puedan ampliar en treinta días adicionales.

Como ya habían anunciado, la proposición de ley incluye la prohibición de regularizaciones masivas como la que se llevó a cabo en 2005 y subrayó que su partido sigue apostando por el contrato de integración -respeto a las leyes, usos y normas y aprendizaje del idioma-, en línea con la política europea de inmigración y que ya ha sido puesto en práctica por la Comunidad Valenciana y que Cataluña también se plantea aplicar.