Acierta el Gobierno, desde el punto de vista institucional, al prohibir la exhibición de la estelada en la final de Copa. Es obligación del Gobierno hacer cumplir la Ley, y la delegada madrileña, Concha Dancausa, encontró argumentos en la Ley del Deporte cuando prohíbe actos que supongan "desprecio" a los participantes en el acontecimiento deportivo. Es evidente que enarbolar una bandera inconstitucional ante el Jefe del Estado, acompañada de los esperados pitos al rey Felipe, al resto de las autoridades, y al público que se considera español, supone desprecio, o cuando menos falta de respeto.

Pero la prohibición de que las esteladas puedan entrar en el campo es una decisión políticamente torpe. Porque se da pie a los independentistas para hacer nuevos alardes de victimismo, un terreno en el que se mueven como pez en el agua y que desgraciadamente saben transformar en votos.

Seguro que existía una respuesta más inteligente. Pero también se puede comprender la decisión de poner coto a las eternas provocaciones de los independentistas, que estos últimos días además han rebasado los límites de lo tolerable cuando han recibido en el parlamento catalán a Arnaldo Otegi, con todos los honores como si de un héroe se tratara.

Puigdemont y Colau han anunciado que no piensan acudir al partido, y algunos dirigentes independentistas han propuesto que el Barça renuncie a la final. No temblarán muchos españoles ante esa "amenaza" que convertiría en campeón al Sevilla: se ahorrarían así el bochorno de una nueva pitada al Rey.

Ni ha acertado Dancausa con una decisión tan drástica que da alas al independentismo, ni acertaría el Barça no jugando, porque provocaría entusiasmo inconmensurable en los rivales deportivos del equipo catalán y en los millones de ciudadanos hartos del independentismo.