LOS agricultores han hecho esta semana una demostración de fuerza en Andalucía. El miércoles, tractorada en las ocho provincias y ayer manifestación en Jaén. En los cortes de carretera, convocados por Asaja, se utilizaron unos 1.500 tractores. El sector agrario vive momentos dramáticos por problemas estructurales y algunos coyunturales derivados de la crisis y las organizaciones agrarias se quejan de falta de atención por parte de las autoridades públicas.

Este es un problema tradicional en España con gobiernos de todo signo y ámbito. Sólo en la Unión Europea la agricultura ha tenido tradicionalmente una gran dimensión política, por su carácter estratégico. En España es una cartera técnica que, salvo excepciones, no ha tenido ministros con peso político en los gabinetes. Y en Andalucía ha pasado algo parecido. Los agricultores se quejan de que el gasóleo ha subido en un año un 35%, los piensos un 40%, y la electricidad, un 110% desde que se eliminaron las tarifas especiales de riego. Mientras, en muchos productos los precios son los de hace 20 años.

Y protestan por el incumplimiento que tanto Zapatero como Griñán han hecho de las promesas que les hicieron a finales de 2009. La lista de cargos contra el Gobierno central es larga. Del plan de sostenibilidad y reactivación del sector agrario decidido en La Moncloa el 29 de diciembre de 2009 sólo se ha llevado a cabo un convenio financiero con el instituto de crédito oficial, la empresa pública de avales y las asociaciones de bancos y cajas.

Por el camino se han quedado estancados muchos compromisos: la moratoria de préstamos oficiales vigentes, nuevas líneas del ICO, el reaseguro de riesgo de insolvencia para la exportaciones de aceite, vino, frutas y hortalizas; tarifas eléctricas especiales para el sector, o que al menos no se cobre la potencia contratada en los riegos de temporada más que cuando se utilizan, y la revisión de la normativa de precios por parte de la Comisión Nacional de la Competencia, con la participación del sector. Quince meses después, la única cosa que admiten que se ha hecho es la refinanciación de créditos a algunos profesionales.

El incremento de la factura eléctrica es particularmente importante en Andalucía, con alrededor de un millón de hectáreas de regadío; casi la mitad con modernos sistemas localizados, que gastan menos agua, pero más energía. Desde que se eliminaron las tarifas especiales, con la liberalización del mercado de la electricidad, entre 2009 y 2010 el sobrecoste de electricidad ha sido de 45 millones de euros. Y el sobrecoste previsto para este año y los dos próximos es de otros 64 millones, 110 millones en total.

Pero la Junta de Andalucía, y en particular la consejera del ramo Clara Aguilera, no se libra de las críticas del sector. La reunión con Griñán el 26 de octubre de 2009 de las organizaciones agrarias Asaja, UPA y COAG, dio lugar tres meses después a un plan de choque de 22 medidas y 100 submedidas que se ha diluido de tal manera que ahora tiene nombre de inventario: Documento de Interlocución Agraria. La queja de los agricultores es que la Junta marea la perdiz con documentos burocráticos, mientras incumple los compromisos.

Asaja apunta que en junio de 2010 se rebajó la financiación adicional al plan de desarrollo rural de Andalucía, en un 52,75%, lo que supondrá 643 millones de euros hasta 2013. La agroindustria es la que mayor reducción va a tener de ayudas públicas, con 271 millones de euros menos, habrá una rebaja de 54 millones en el capítulo de incorporación de jóvenes, 60 millones menos para infraestructuras, y a la modernización de explotaciones se le descontarán 45 millones.

La lista de reproches a la consejera Aguilera es también larga. La Ley de la Dehesa no tiene desarrollo reglamentario ni dotación presupuestaria. El plan de reconversión de cítricos se va a abordar con fondos propios de los agricultores y fondos nacionales. La Junta no va a poner un euro. Asaja califica de "fiasco" el plan de apoyo al sector del verdeo, elaborado por la Consejería tras las movilizaciones de septiembre de 2009. "La Consejería se ha limitado a elaborar un estudio para dar un diagnóstico del sector de la aceituna de mesa, el que todos sabíamos: que los costes de producción superan los beneficios y que ganan todos menos el agricultor". El enfado de los agricultores aumenta por la ausencia de medidas contempladas en el plan de apoyo, para la reestructuración del sector: mecanización del cultivo, concentración de la oferta y la comercialización, e incentivos al arranque voluntario.

La decepción se repite en el caso del aceite de oliva. La queja de los agricultores, que culminó en la manifestación de ayer en Jaén, convocada por las tres organizaciones profesionales y las cooperativas agrarias, es que ha faltado en el Gobierno y en la Junta el impulso político adecuado para lograr medidas de almacenamiento privado, para paliar el hundimiento de los precios. El Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea ha abierto la puerta a esa decisión en su reunión de esta semana, pero el comisario rumano Ciolos se resiste. Se estudiará en un comité de gestión de la Comisión Europea el 13 de abril. El sector también se lamenta de que no haya habido apoyo para emprender un plan de reestructuración. Todo se fía a la futura Ley del Olivar.

La semana nos trajo también noticias de Sando. Una unión temporal de la que forma parte la empresa malagueña con FCC ha terminado esta semana el primer tubo del mayor túnel de AVE de Andalucía, de 7,5 kilómetros de longitud, en el tramo Sorbas-Barranco de los Gafarillos, en Almería. Ahora se empezará a instalar la perforadora, para calar el segundo tubo. Ambos tienen una sección de 50 metros cuadrados. Esta obra tiene un presupuesto superior a los 200 millones de euros. Sando también construye tramos de ferrocarril de alta velocidad en Zamora, Valencia, Gerona y Albacete, y seis viaductos en la línea Madrid-Zaragoza-frontera francesa.

La compañía presidida por José Luis Sánchez Domínguez facturó el año pasado unos 700 millones de euros, más de un 20% en el extranjero. En particular en Polonia, en donde está establecida desde 2005. Allí terminó el año pasado sus primeras obras civiles: la carretera nacional 627, unos 100 kilómetros al nordeste de Varsovia y un puente sobre el río Bug, al norte de la capital polaca. Entre las obras que está realizando ahora mismo, destaca el puente norte de Varsovia, sobre el mayor río del país, el Vístula, que es una estructura de 800 metros de largo, con un presupuesto de 250 millones de euros.

La multinacional sevillana Abengoa ha fichado al ex gobernador de Nuevo México Bill Richardson, para incorporarlo a su Consejo Asesor Internacional, que está presidido por el ex ministro español José Borrell. Richardson es un político norteamericano de origen hispano, que ha desempeñado diversos altos cargos en la política estadounidense. Fue diputado en la Cámara de Representantes por Nuevo México entre 1983 y 1997. El presidente Bill Clinton lo nombró embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas entre 1997 y 1998. Después fue secretario [ministro] de Energía en el Gabinete Clinton entre 1998 y 2001. En 2003 fue elegido gobernador de Nuevo México, puesto en el que ha permanecido hasta 2010.

El presidente de la Confederación de empresarios de Andalucía, Santiago Herrero, no ejerce todavía de vicepresidente de la CEOE. Técnicamente no habrá una toma de posesión en sentido estricto. Herrero le mandó una carta hace dos semanas a su vencedor en las elecciones a la presidencia de la gran patronal española, Juan Rosell, y todavía no ha tenido respuesta. Es una formalidad; los dos líderes empresariales se ven en las reuniones del comité ejecutivo y de la junta directiva de la CEOE. Pero Rosell tiene que comunicar este nombramiento a la asamblea de la organización, que debe reunirse en abril. Las tensiones de las elecciones se dan por terminadas.