"Es cierto que hubo un retraso, sólo imputable a la sobrecarga de trabajo". Estas mismas palabras fueron las esgrimidas por varios jueces de Sevilla ante los medios de comunicación en marzo de 2008 para apoyar que esta sobrecarga laboral motivó la posible dejadez judicial que pudo estar relacionada con el fallecimiento de Mari Luz Cortés.

Esto mismo traen a colación los responsables de Comisiones Obreras cuando han tenido acceso a un informe encargado por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y efectuado por el Centro de Prevención de Riesgos con una evaluación de riesgos laborales de los juzgados ubicados en el Estadio Carranza de Cádiz.

Este informe fue requerido a la Consejería de Empleo por la propia Inspección de Trabajo tras las continuas peticiones y denuncias protagonizadas por el sindicato Comisiones Obreras. El resultado no deja espacio a la duda y pone el acento en los cinco juzgados de lo Penal, de los que afirma el informe que albergan una grave situación de riesgo para la salud de sus trabajadores.

Concretamente del estudio psicosocial se concluye, según Javier Fernández, coordinador de Justicia del sindicato Comisiones Obreras, que debido a la sobrecarga de trabajo, "la probabilidad de daño psíquico, por estrés, ansiedad, etcétera, supera el 8 sobre 10, en los Juzgados de lo Penal de Cádiz".

Ante tales resultados, desde CC.OO. se advierte que se va a solicitar a la Delegación de Empleo que inmediatamente tome medidas al respecto, "que pasan necesariamente por el aumento de la plantilla (mínimo de dos funcionarios más por juzgado). Esta situación de sobrecarga laboral que motiva, al fin y al cabo, esta situación de riesgo para la salud mental de sus trabajadores, se agrava por unas "pésimas condiciones organizativas, que repercuten no sólo en la salud psíquica de sus trabajadores sino también en la física por las consecuencias derivadas".

Tras conocer los resultados del informe, la Inspección de Trabajo le da un plazo hasta el 30 de septiembre, es decir, hasta dentro de poco más de una semana, para proponer y planificar la puesta en marcha de medidas correctoras , que a entender de Javier Fernández, pasa por un urgente aumento de las plantillas.

"No es de recibo que como solución se siga mareando la perdiz o vendiéndose el cuento de la lechera de la reforma de la Justicia, atendiendo a cambios organizativos que nunca acaban de ponerse en marcha, pues la salud del personal de los Juzgados de Cádiz no puede esperar".

La elaboración del informe se inició allá por el mes de abril y para su confección se contó con la participación de los trabajadores tanto de los cinco juzgados de los Penal como los del de Violencia de Género y del Registro Civil. Los resultados a los que ha tenido acceso este periódico se centran en el riesgo que corre el funcionario de Penal. Sin embargo, según revelan desde Comisiones Obreras, el documento deja claro que el Juzgado de Violencia de Género no corre riesgo pues no se considera que sufra sobrecarga de trabajo.

En este informe del Centro de Prevención de Riesgos se evalúa no sólo la posible carga excesiva de tareas sino también las condiciones "materiales" (aire acondicionado, mobiliario, aseos, plan de emergencia, etcétera).

La Inspección de Trabajo no se queda aquí porque exige a la Consejería de Empleo que se elabore un informe similar al de la capital gaditana en Jerez y en Algeciras.