Las espadas siguen en alto. La batalla planteada entre la Junta de Andalucía y el empresario José Manuel Pascual tiene ya víctimas. 900 empleados de sus centros sanitarios de Huelva, Málaga y Cádiz capital (San Rafael) fueron a la calle ante la falta de actividad asistencial en sus centros de trabajo.

Se han quedado sin pacientes procedentes del Servicio Andaluz de Salud y se mantienen, por decirlo de alguna manera, sólo con los pacientes que les llegan desde las compañías privadas de salud que siguen confiando en la medicina que se aplica en los San Rafael (Cádiz), Blanca Paloma (Huelva) y Dr. Pascual (Málaga).

Pero los enfermos que llegan hasta sus puertas no son suficientes como para amortizar la inversión que Pascual mantiene tanto en personal como en sus instalaciones.

"¿Pero estáis de brazos cruzados", se le preguntaba ayer a un enfermero de San Rafael, a lo que contestaba que "hombre, de brazos cruzados no, porque aquí somos ya muy pocos y debemos seguir atendiendo a nuestros pocos pacientes que nos quedan como si nada ocurriera".

Pero la inquietud, el miedo y la incertidumbre están instalados en las plantas del edificio que la familia Pascual mantiene aún abiertas junto al Falla.

Sin ir más lejos, el martes pasado tuvo lugar en el hospital San Rafael una asamblea de trabajadores, en la que su principal orador, el sindicalista José María Manzano, presidente del comité intercentros, nada más que traía malas noticias. "No puedo contarles otra cosas. Nada más que la Junta mantiene una postura ante la falta de convenio con Pascual que está llevando a la empresa y a sus trabajadores hasta la extenuación y la asfixie", comentaba ayer, ya desesperado, José María Manzano.

Y es que la labor sindical se hace ahora más difícil que nunca a la vista de que 900 de sus compañeros de Cádiz, Málaga y Huelva se han visto forzados a quedarse en sus casas por culpa de la falta de entendimiento entre la Junta de Andalucía y la empresa Pascual.

En el ring, a un lado José Manuel Pascual y Pascual que quiere conseguir de la Junta un tratamiento similar al de años anteriores. El empresario gaditano desea mantener los seis hospitales que a día de hoy prestan atención sanitaria a cerca de 250.000 personas de toda Andalucía. Al otro lado del ring, la Junta, presidida por Susana Díaz, quiere cerrar un convenio con Pascual pero que sólo atienda a los hospitales de Villamartín, El Puerto y Sanlúcar, los tres en Cádiz, y los tres con puertas de urgencias conveniadas con la Junta de Andalucía. Los tres centros restantes: San Rafael, Blanca Paloma y Dr. Pascual, dejarían de tener el apoyo económico que supone un concierto con la Administración autonómica, algo que significaría casi su muerte inmediata por inanición.

La ausencia de convenio ha provocado ya no sólo el despido de 900 trabajadores sino que Pascual se ha visto forzado a cerrar tres de sus cinco plantas asistenciales, dejando tan sólo abiertas la planta de consultas y una planta para los ingresos que lleguen de la mano de las compañías privadas.

Llevado a números, a día de hoy San Rafael mantiene activas dos de sus cinco plantas, tres de sus doce controles (Ginecología, Traumatología y Cirugía), más que suficiente para atender a los pocos pacientes que atraviesan sus puertas. José María Manzano cuantifica que San Rafael está mermado en su actividad en un 80% y el Blanca Paloma de Huelva y el Dr. Pascual de Málaga están casi con nula actividad.

Al poco personal que queda se le ha ofrecido la posibilidad de trasladarse de manera voluntaria a El Puerto, un centro que, al igual que pasa con Villamartín y Sanlúcar, goza de muy buena salud, pero el miedo no les deja ya pensar. "Tenemos días con 40 pacientes en todo el hospital cuando aquí, hasta hace muy poco lo normal era tener unos 200, imagínese el ánimo que tenemos", contaba ayer un enfermero de San Rafael. "Fuimos a hablar con Empleo de la Junta y nos dijeron básicamente que lo mejor que íbamos haciendo era apuntarnos en la bolsa de empleo del SAS, una gracia".

Ante tal situación, José María Manzano, desde el comité intercentros, anuncia que no van a permanecer impávidos. Ya se llevaron muchos días apostados en Sevilla ante la delegación de Salud de la Junta y tienen ya en la recámara una "gran movilización" el día 29 de septiembre, dentro de una semana, también en Sevilla ante el Parlamento andaluz. "Queremos que nos escuchen los políticos porque la situación es tensa e inquietante".