El corte del abastecimiento de agua potable en el barrio de Loreto durante 13 días en octubre de 2014 supuso una gran alteración en la vida de los habitantes de este barrio de extramuros, lo que provocó que los vecinos no pudieran realizar acciones básicas como beber, cocinar o asearse en condiciones normales. Peor fue para una buena parte de los comerciantes, que dependen de este bien tan preciado para poder llevar a cabo sus actividades, con las consiguientes pérdidas que se ocasionaron. Sin embargo, aparte de la reducción de los recibos de los suministros, no se había determinado ningún tipo de indemnización al haberse detectado en un principio que la contaminación se generó en la instalación interior del número 8 de la calle Hermanos Ortiz Echagüe.

La presentación del informe elaborado por los técnicos de Aguas de Cádiz sobre las causas que originaron la interrupción del suministro presenta una escena totalmente diferente al señalar como "muy probable" que el foco de la contaminación se produjo por la apertura de tres válvulas el 29 de septiembre para poder mantener el suministro en el barrio mientras que se realizaba la instalación de un caudalímetro en la única entrada del agua a Loreto desde la glorieta de la Zona Franca. Estas conclusiones han abierto una puerta al pago de indemnizaciones al pasarse de un problema privado a otro en el que la responsable es la empresa municipal. Sin embargo, tal y como informaron fuentes municipales, la posibilidad de atender a las reclamaciones por parte de la aseguradora de la entidad pública dependerá de una sentencia judicial que corrobore lo que recoge el nuevo estudio técnico.

En este aspecto, toma una vital importancia el camino emprendido por el actual equipo de Gobierno con la entrega a la Fiscalía del trabajo realizado por el mandato del Pleno municipal y que se está tratando en la Comisión Informativa de Sostenibilidad. En sede judicial, de momento solo se han abierto las diligencias informativas a la espera de si el Consistorio da un paso más allá y presenta una denuncia o se determina que es necesario abrir un procedimiento penal para esclarecer este asunto. La necesidad de tener una resolución se debe a que la anterior gerencia, según relataron estas mismas fuentes, rechazó su responsabilidad en esta crisis por situar el problema en una red de tuberías particular.

Antes de darse esta situación, la empresa Aguas de Cádiz había recibido 13 reclamaciones por parte de vecinos y comerciantes del barrio de Loreto y la plaza de la Fuente. El total de la cuantía solicitada asciende a unos 16.000 euros. De la 13 peticiones, siete de ellas corresponden al lucro cesante de los comerciantes por no disponer de agua para atender a sus clientes durante esas dos semanas. Cuatro de los afectados son bares de esta zona de extramuros, mientras que los tres restantes son peluquerías.

Por otra parte, otras tres reclamaciones corresponden a los daños ocasionados en los equipos y en la maquinaria de los comercios. Asimismo, se han registrado peticiones por daños asistenciales, daños personales y la ausencia de consumo. Todas estas solicitudes fueron entregadas a Aguas de Cádiz antes de que se hiciera público el dossier técnico la pasada semana.

Con todo, la gerencia de la empresa pública de aguas ya ha dado cuenta a su compañía aseguradora de la nueva situación que se abre con el estudio realizado. De hecho, próximamente se convocará una reunión entre ambas partes para hacerle entrega tanto del informe completo como de toda la documentación complementaria recopilada en seis anexos.