La Audiencia de Sevilla ha rechazado un recurso de queja del ex director general de Idea Jacinto Cañete, en el que pedía la nulidad de varios autos dictados en la macrocausa de los avales y préstamos de la agencia Idea y que fueron dictados por la juez Mercedes Alaya cuando este imputado no estaba personado en esta investigación.

La juez Mercedes Alaya, entonces titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, rechazó los recursos contra tres autos dictados en enero, marzo y noviembre de 2014, al entender que una vez notificados a la Fiscalía –única parte personada entonces- adquirieron firmeza al haber transcurrido los plazos legales para recurrirlos.

La Sección Primera señala ahora que la cuestión planteada por el ex director de Idea requiere ponderar la concurrencia del principio de seguridad jurídica –que reclama la intangibilidad de las situaciones jurídicas consolidadas- y el principio de la tutela judicial efectiva, en relación con el pleno ejercicio del derecho de defensa.

El tribunal recuerda que la causa de los avales de Idea tienen su origen en el caso de los ERE, en el que está personado el ex director, y se abrió a raíz de un informe aportado el 8 de noviembre de 2013 por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, respecto al que la defensa de Cañete presentó un amplio escrito de alegaciones el día 26 de noviembre, si bien desde entonces no ha solicitado “nada” en estas diligencias hasta que se acordó su citación para recibirle declaración como imputado.

Según los magistrados, “no procede por tanto retrotraer las actuaciones efectuadas en la investigación de hechos presuntamente delictivos, de los que pueden ser responsables además del recurrente otras personas contra las que también se sigue el procedimiento, afectando a la intangibilidad de las resoluciones dictadas, sin perjuicio de que, respecto de lo acordado en las misma, lo que ahora ha interesado en el recurso interpuesto dentro del plazo legal contra el auto de 24 de febrero de 2015, en el que se acuerda la práctica de más diligencias, la incorporación de documental y su citación para recibirle declaración, pueda tener incidencia en cuanto al mismo, y de lo que en lo sucesivo pueda solicitar”, precisa la Audiencia.

En ese auto del 24 de febrero, la juez Mercedes Alaya inició realmente la instrucción de la causa que había abierto un año antes, en enero de 2014, en relación con las posibles irregularidades en los avales y préstamos concedidos por el IFA/IDEA entre 2008 y 2013. Alaya encargó en esa resolución un nuevo y amplio informe pericial a los expertos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que ha elaborado el dictamen de los ERE fraudulentos; así como la realización de un nuevo atestado por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil; reclama abundante documentación a la Junta; y por último, imputó en esta macrocausa a cuatro ex altos cargos, a los que atribuye delitos de prevaricación y malversación de caudales. La imputación se produce, según Alaya, por la "activa participación que los mismos tendrían en el ejercicio de sus respectivos cargos en IDEA y en la Consejería de Innovación, en la ejecución de los hechos investigados".

Los imputados en la causa son el ex consejero de Innovación Martín Soler, el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, el ex director general de IDEA Jacinto Cañete y el que fuera secretario general de la Consejería de Innovación Juan Francisco Sánchez García. Se trata de cuatro personas que también están imputadas en las diligencias abiertas por los ERE.

A diferencia que en la investigación de los ERE,  respecto a los avales todas las ayudas concedidas de más de 1,2 millones de euros fueron aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, constando dichos acuerdo publicados en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

En el nuevo auto Alaya ordenó la práctica de nuevas diligencias al objeto de dar "el adecuado impulso procesal" a las diligencias 545/2014, que se abrieron en enero de 2014. Entre las diligencias figuran ese amplio informe pericial en el que la juez reclama a los peritos –los mismos que hicieron el informe de los ERE- que se pronuncien, entre otros extremos, sobre si constituye un incumplimiento de la legalidad vigente, "generador de posible menoscabo de fondos públicos, la situación producida en IDEA en el ejercicio 2009 de superación del límite presupuestario en la concesión –por delegación del titular de la Consejería de Innovación- de créditos o avales a empresas relativas a este tipo de ayudas". Dice la juez que el artículo 29.5 del Presupuesto para ese ejercicio fijaba en 18 millones de euros el importe “máximo de avales” mientras que el total de los avales formalizados por la agencia IDEA en ejecución del encargo realizado por la Consejería de Innovación en dicho ejercicio ascendió a 71.284.198 euros, lo que cuadriplicaba el máximo fijado. Para ello, Alaya pide que se analice el acuerdo del Consejo de Gobierno del 14 de octubre de 2008 y las alegaciones que realizó el entonces director de IDEA Jacinto Cañete.

También reclama a los peritos que analicen la "naturaleza jurídica" de las ayudas e informen sobre el denominado "Fondo para la Reestructuración Financiera de las Empresas" y si el mismo constituye un "fondo de provisión por riesgo de avales vivos".

A los peritos solicita igualmente que informen sobre si las garantías prestadas por IDEA y las comprobaciones de la idoneidad de las mismas "fueron las necesarias para la concesión de dichas operaciones de crédito, o pudieron en algún caso encubrir meras liberalidades".

La juez quiere saber con este peritaje el montante de los fondos públicos "recuperados" y si se han realizado por la agencia las operaciones de comprobación necesarias para "acreditar la adecuada justificación, control y seguimiento de las ayudas de acuerdo con los artículos 26 y 27" de la orden de 5 de noviembre de 2008. Por último, la instructora pidió a los peritos que definan el marco normativo comunitario y comprueben el requisito previo de autorización individual de las ayudas por parte de la Comisión Europea, "debiendo informarse sobre la autorización del régimen de ayudas por parte de la citada Comisión, y en su caso, sobre el alcance de la misma".