El jefe de departamento de Gestión de Formación Profesional Ocupacional en Sevilla, Teodoro Montes Pérez, reveló ayer a la juez Mercedes Alaya que la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los sindicatos percibían comisiones de hasta el 20% del importe de los cursos por la subcontratación de las actividades formativas con otras empresas. Las graves acusaciones del funcionario se basan en las manifestaciones que, según Teodoro Montes, le hicieron algunas de las empresas subcontratistas, pero su denuncia no está avalada por ninguna prueba fehaciente.

Teodoro Montes continuó ayer respondiendo durante casi cinco horas -el pasado jueves estuvo prácticamente el mismo tiempo- a las preguntas de la magistrada y buena parte de su declaración se centró en las supuestas comisiones que la CEA y las organizaciones sindicales habrían "obligado" a pagar las empresas a las que subcontrataban los cursos y que, por lo general, ascendían a un 20% del importe del curso, aunque en otras ocasiones eran inferiores.

Según indicaron fuentes del caso, esas comisiones, tal y como las describe el testigo -que las denomina comisión por "transferencia" del curso- serían ilegales y no tendrían nada que ver con el porcentaje que estipula el reglamento para la concesión de las ayudas a los cursos, según el cual las empresas adjudicatarias que subcontrataran podían repercutir hasta un 20% en concepto de "gastos indirectos" asociados a la actividad, pero en este caso se trataría de una comisión solicitada con carácter previo a esa subrogación.

Fuentes de la CEA negaron ayer las afirmaciones del denunciante, al rechazar el cobro de comisiones por la subcontratación de los cursos que realizaban y que se centraban en la formación continua para el empleo, dirigidas tanto a trabajadores en activo como a personas desempleadas.

En la misma línea se pronunció la secretaria general de UGT-A, Carmen Castilla, quien indicó que existía por cada subvención un porcentaje que se imputaba en concepto de "gastos estructurales" y que eran "totalmente legales". En una entrevista en la Cadena Ser, Carmen Castilla recordó que una normativa de la Junta de 2009 "permitía imputar gastos estructurales, como uso de aulas, y era algo legal", de manera que "ahora habrá que ver cada tipo de subvención, el tipo de porcentaje que se estaba imputando como gastos estructurales y cada justificación en cada momento".

La juez Alaya continuará este miércoles tomando declaración al funcionario y lo hará precisamente preguntándole por esas supuestas comisiones.

En su comparecencia ante la instructora, el funcionario también realizó una sorprendente denuncia al referirse a determinadas conductas presuntamente delictivas -de maltrato físico y psíquico, con riesgo para la salud de las personas- que se habrían producido en un curso organizado por la Fundación Pública Andaluza para la Integración de las Personas con Enfermedad Mental (Faisem).

Según el testigo, en una ocasión tuvo que anular un curso después de que en una visita confirmara que el curso para estas personas discapacitadas se estaba impartiendo en Sevilla a finales de julio, a las cuatro de la tarde, en un lugar cerrado, sin aire acondicionado y con unas cristaleras por las que entraba el sol, lo que hacía que hubiese una temperatura de hasta "60 grados", llegó a afirmar. Pero lo más grave de esta situación es que, según el denunciante, los alumnos habrían recibido incluso algún tipo de sustancias "tranquilizantes" para relajarlos, para evitar las posibles quejas de estas personas, por lo que cuando llevó a cabo la inspección algunos de los discapacitados estaban "dormidos". El jefe del departamento aseguró que, tras visitar este curso y comprobar la situación en la que se daba el curso, decidió anularlo, aunque algunas fuentes han mostrado su extrañeza por el hecho de que a pesar de la situación dramática descrita por el funcionario éste no denunció los hechos ante la Justicia.

Sus acusaciones han tenido una rápida reacción por parte de Faisem. El gerente de esta fundación pública, Manuel Allen, anunció ayer que presentarán una querella contra Teodoro Montes porque sus afirmaciones son "absolutamente falsas y de extrema gravedad".

El responsable explicó que Faisem lleva más de 14 años participando en cursos de formación dirigidos a personas con enfermedad mental, de los que se han beneficiado "miles de personas" y se ha logrado una "enorme rentabilidad social", por lo que las declaraciones de Montes "intentando desprestigiar a la Fundación en su labor con las personas con enfermedad mental atentan contra la imagen pública de los profesionales que imparten esta formación y de Faisem".

El gerente señaló que al tratarse de personas con enfermedad mental "reciben el tratamiento prescrito por su médico especialista y, en ningún caso, los monitores de formación prescriben ni administran ningún tipo de fármacos", añadió.

De otro lado, Teodoro Montes también denunció que los alumnos de los cursos eran utilizados como mano de obra gratuita y señaló que en relación con un curso de limpieza los alumnos eran llevados a limpiar las instalaciones.

El funcionario subrayó que sólo en Sevilla se podían dar en un año entre 3.000 y 3.500 cursos de formación a desempleados, unas actividades que, en su opinión, eran en muchos casos "inútiles" porque "no servían para nada".

En un momento del interrogatorio, Montes se quejó a la juez por las referencias aparecidas en prensa sobre su testimonio y de las que culpa a una supuesta grabación de los letrados, algo que negó Alaya.