La política de trasvases impide sacar el agua de la confrontación

  • Las grandes diferencias sobre la materia entre PSOE y PP les impiden acercar posturas en la Cámara andaluza.

El debate general sobre la política de agua ha evidenciado este miércoles en el Parlamento andaluz que las grandes diferencias entre los principales partidos (PSOE y PP) se centran en los distintos medios para aumentar la capacidad hídrica y los trasvases, lo que les ha impedido alcanzar un acuerdo de mínimos.

A pesar de que la intención del Gobierno andaluz es dejar al margen de la confrontación partidista la política de agua, el primer debate general de esta legislatura puso de manifiesto las distintas posiciones de los grupos, especialmente del PSOE y PP, que en determinados momentos se enzarzaron en reproches mutuos a cuenta de la política hidrológica de la Junta y del Gobierno central de las etapas de socialistas y populares.

Durante el debate los grupos presentaron un total de 73 propuestas de resolución, de las fueron aprobadas 29 (16 del PSOE; dos del PP y 11 de IU), entre ellas la pretensión inicial de los socialistas de que estas políticas reúnan el máximo consenso social, al margen de la confrontación, como recurso esencial de todos y factor estratégico del desarrollo sostenible de Andalucía.

El pleno ha aprobado la propuesta socialista de instar al Gobierno andaluz a aumentar los recursos hídricos disponibles en 1.000 hectómetros cúbicos con el compromiso de terminar los ocho embalses en construcción, así como las cinco nuevas desalinizadoras previstas en el litoral mediterráneo, que se sumarían a las seis que están en funcionamiento.

Fue, sin embargo, rechazada la reclamación del PP de exigir al Gobierno central que aplique el mismo criterio seguido en Cataluña, con el trasvase del Ebro a Barcelona, a Valencia, Murcia y Andalucía, tal y como establecía el Plan Hidrológico Nacional (PHN) de 2001.

En su intervención, la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, ha defendido el ciclo integral del agua y la desalinizadoras como alternativa al trasvase, mientras la portavoz parlamentaria del PP, Esperanza Oña, ha opinado que la política de aguas de la Junta es la "historia de una incoherencia", en referencia al "cambio" respecto a los trasvases.

El diputado de IU, José Antonio Castro, ha asegurado que el problema hídrico no se resuelve con trasvases, sino con una nueva perspectiva de sostenibilidad que deje atrás la política de obras hidráulicas.

También ha salido adelante la iniciativa del PSOE de destinar 2.000 millones de euros a la mejora de infraestructuras de abastecimiento y la depuración de aguas de los municipios mediante conciertos con las administraciones locales, así como completar el traspaso efectivo de las aguas de la cuenca del Guadalquivir, previsto para principios de julio.

La mejora del ciclo integral del agua y su eficiencia, la reducción del consumo en un 20 por ciento, la modernización de los regadíos, la recuperación de los cauces de ríos y riberas con la aplicación de un régimen sancionador de infracciones fueron otras de las iniciativas del PSOE aprobadas.

El PP planteó, además, pedir al Gobierno central que convoque una cumbre de presidentes autonómicos para alcanzar un gran pacto por agua basado en la solidaridad interterritorial, la reclamación al Estado de los 4.101 millones consignados en el PHN "pendientes" de invertir en la comunidad o de 1.200 millones para culminar la red de depurados de agua, propuestas que fueron rechazadas.

De entre las propuestas de resolución de IU aprobadas destacan la relativa a instar al Gobierno central a que transfiera la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir a Andalucía en el horizonte del año 2009, así como la elaboración de una Ley de Aguas.

Sin embargo, la petición de IU de no incrementar la oferta a través de grandes obras hidráulicas fue rechazada.

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