La gestión del GIL causó un desequilibrio de 335 millones a las arcas de Marbella

  • Es una de las conclusiones del último informe del Tribunal de Cuentas, en el que se destaca la existencia de 203 millones en derechos pendientes de pago

La gestión del GIL en el Ayuntamiento de Marbella estuvo envuelta en sombras hasta el último día. Así queda reflejado en el último y demoledor informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas (TC), que abarca del año 2002 a abril de 2006, cuyas conclusiones fueron ayer dadas a conocer por la alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP). Según el documento, el desequilibrio financiero en las arcas municipales, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos, era al menos de 335 millones de euros el 31 de diciembre de 2005, apenas cuatro meses antes de que el Consejo de Ministros dispusiera la disolución del Consistorio.

El anteproyecto de informe considera que este déficit económico que existía en los últimos tiempos del mandato de Marisol Yagüe, representaba más del 181 por ciento del presupuesto inicial y un desequilibrio de 2.669 euros por habitante empadronado en Marbella. Esta situación irregular también se repite en el capítulo de derechos pendientes de pago. El Tribunal de Cuentas calcula que estos conceptos alcanzaban los 203,7 millones de euros, de los que 96,9 millones podrían estar prescritos. Además, un total de 69,1 millones de euros por enajenación de aprovechamientos derivados de convenios urbanísticos tampoco fueron ingresados en el Ayuntamiento, por lo que su efectividad dependerá de las condiciones que se establezcan en la revisión del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), según apunta el Tribunal de Cuentas. "No han sabido recaudar, ni generar recursos y han gastado sin ningún control hasta lo que no tenían", continuó Muñoz.

Por otra parte, el órgano fiscalizador concreta que fueron 653,7 los millones de euros que se transfirieron entre 1991 y 2006 a la red de sociedades municipales que tejieron las corporaciones gilistas sin "sujetarse a ningún tipo de control". En el documento se recuerda cómo las citadas empresas públicas fueron utilizadas en parte para multiplicar por cuatro la plantilla del Ayuntamiento, que pasó de tener en servicio a 763 trabajadores en 1990 a los 3.016 que figuraban como personal en diciembre de 2005.

En cuanto a los convenios urbanísticos que tenían como objeto más habitual la recalificación de terrenos y la permuta de bienes inmuebles, el TC expone que 23 de los 98 acuerdos de los que ha tenido conocimiento "carecían de valoración" por parte de los funcionarios técnicos. Los que habían sido supervisados por un tasador ajeno al Ayuntamiento, estaban fechados el mismo día en que se firmó el convenio e incluso después.

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