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El Juicio de los ERE

Un fraude sin plan

  • El sistema laxo, pero concebido como legal para agilizar las ayudas, se pervirtió en la etapa final de Guerrero por el clientelismo.

  • La juez Mercedes Alaya no encontró enriquecimiento  de los altos dirigentes de la Junta  ni financiación ilegal  del PSOE.

  • Todos los encausados dejaron la política, la carrera pública de posibles delfines quedó abortada, el retiro de otros se tornó amargo

El entonces presidente Manuel Chaves con sus dos vicepresidentes, José Antonio Griñán y Gaspar Zarrías. El entonces presidente Manuel Chaves con sus dos vicepresidentes, José Antonio Griñán y Gaspar Zarrías.

El entonces presidente Manuel Chaves con sus dos vicepresidentes, José Antonio Griñán y Gaspar Zarrías. / efe

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Dos décadas de la historia de la Junta de Andalucía se sientan este miércoles en el banquillo. Para algunos, básicamente para los denunciantes, entre los que tiene un papel muy destacado el PP, es el juicio a un régimen clientelar, una maquinaria de satisfacción social, instantánea, que no hacía ricos a los electores, pero los mantenía contentos. Para otros, para los acusados, el final de una causa general que se abrió contra los gobiernos socialistas mediante un resquicio que abrieron "dos o tres golfos" y que la juez instructora, Mercedes Alaya, ensanchó hasta hacer caer al presidente de la Junta. Entre las 22 personas que este miércoles se juzga en la Audiencia de Sevilla por la causa más política de los ERE, hay dos ex presidentes de la Junta que a su vez fueron secretarios generales del PSOE-A y presidentes de la ejecutiva federal de su partido, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, seis ex consejeros, cuatro ex viceconsejeros y quienes fueron interventor general de la Junta, Manuel Gómez, y el jefe de los servicios jurídicos, Francisco del Río. Gaspar Zarrías, Antonio Fernández, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo... si no fuese por el dramatismo, sería como una reunión de antiguos alumnos con motivo de la Navidad.

Pero todo este caso no se entiende si la personalidad de un encausado de segunda fila: Francisco Javier Guerrero, ex director general de la Consejería de Empleo, la persona sobre la que pivotaba la decisión de conceder las ayudas de los ERE, que eran, en realidad, salarios garantizados hasta la jubilación para trabajadores afectados por regulaciones de empleo. Algo más de 6.000 andaluces, muchos de los cuales aún siguen recibiendo estas ayudas al día de hoy porque ni la juez instructora ni quienes le siguieron ni el Supremo exigió la devolución o paralización de estas ayudas, a pesar de que las consideraron ilegales. En esas "prejubilaciones" se gastó la mayor parte de los 741 millones de euros de la partida, ahí es donde ha ido a parar el dinero, aunque un porcentaje pequeño, pero sustancioso en cantidad, fue también a parar a trabajadores que no tenían el derecho (los intrusos), a pagar altas comisiones a las aseguradoras y a ayudas directas a algunas empresas, la mayoría de la Sierra Norte de Sevilla, la línea de subvenciones más difícil de explicar, puro clientelismo en una comarca de la que procedían Guerrero y el ex consejero de Empleo José Antonio Viera.

Volvamos a Guerrero. Guerrero era un crack en la Consejería de Empleo, un tipo capaz de desatascar cualquier conflicto laboral, reunirse con los sindicatos, con los comités, con los empresarios y evitar más follones en la calle al Gobierno andaluz. El sistema de ayudas a los trabajadores afectados por cierre o regulaciones es muy antiguo en España, una orden ministerial de 1995 las regulaba, aunque no exigía una convocatoria pública de ayudas. Se iba a salto de mata, por así decirlo: si había que reducir el sector de la minería del carbón, de los astilleros o de los altos hornos, el Gobierno central daba las ayudas a sus trabajadores después de una negociación, pero nunca se publicaban en el BOE la convocatoria de prejubilaciones. Eran ayudas discrecionales, pero no arbitrarias.

Este modelo era también el modelo de la Junta. Pero en el principio, los interventores comienzan a poner algunos problemas. Eran solucionables, pero conllevaba retrasos, tensiones y jaleo entre departamentos, así que la Consejería de Empleo aprueba un "procedimiento específico" para la concesión. El dinero va de Empleo, de la dirección general de Guerrero, al antiguo IFA, que paga a los trabajadores. El sistema se estudia, hay varios borradores y se escoge el mejor, el más eficaz, pero con la idea de que es legal. Y todo funcionó. Varios de los consultados durante estos años explican que el fraude comenzó al final de la época de Guerrero, el ex director general se dio a tanta buena vida que discurrió por los callejones de la mala vida; esa fue la razón por la que tuvieron que apartarlo del cargo, pasarlo a la reserva. El descaro del ex director general llegó a tanto que le concedió una ayuda a una empresa de su chófer; algunos de los "prejubilados" no fueron tales, eran amigos o favores.

Pero cuando la juez Mercedes Alaya comenzó esa instrucción no sabía de la ligereza de esas ayudas ni de la existencia de "intruso". La instructora consideró ilegal el sistema: no se podían dar subvenciones mediante un dinero que iba de Empleo al IFA, son las "transferencias de financiación", un método que permitía sortear los controles de la Intervención General de la Junta. Digamos que los intrusos y la apropiación llegó después, Alaya apuntaba alto. Y apuntó tan alto que en uno de sus primeros autos señaló a la "cúspide de la pirámide": no se iba a parar en los consejeros, llegaría hasta arriba. ¿Con qué argumentos? Toda institución, organismo o departamento que hubiese intervenido en la aprobación del sistema, del presupuesto o de la modificación de éste, quedaría señalado y sus responsables imputados.

Cuando Alaya mostró sus cartas, hubo una parte del Gobierno andaluz y del PSOE que quisieron hacer frente a la jueza, plantear una estrategia de defensa en los tribunales ante lo que entendían como un "problema político". En eso estaban los responsables de la Consejería de Empleo, pero también otros dirigentes de la ejecutiva federal, pero ya se había producido el relevo en la Presidencia de la Junta, José Antonio Griñán había roto con Manuel Chaves en lo personal y quiso marcar una gruesa línea roja. Caiga quien caiga. Esa fue la frase más repetida por la quien entonces era su portavoz, María del Mar Moreno. Y así, con esa estrategia, cayeron todos, incluido Griñán y dos de sus principales colaboradores: Carmen Martínez Aguayo y Antonio Lozano. La propia Mar Moreno, que nunca pasó por ningún espacio que tuviese que ver con los ERE, también fue imputada por Alaya, y la tuvo que salvar el Supremo con argumentos que eran evidentes para todos. Hoy, en el PSOE de Susana Díaz, admiten que se trató de un caso judicial, pero también de una "causa política", que fueron a por todos ellos. Baste recordar que el primer denunciante fue el hoy ministro de Interior Juan Ignacio Zoido, anterior decano de los jueces de Sevilla y perfecto conocedor de las interioridades de los juzgados de la capital.

El caso de los ERE supuso el cataclismo en el PSOE andaluz, pero no tuvo los efectos de la invasión de los pueblos del mar, que mandó a la oscuridad durante siglos a las primeras civilizaciones griegas. El relato del entonces líder del PP andaluz, Javier Arenas, contra el régimen socialista era imbatible con los datos que ya se conocían del caso de los ERE, pero Mariano Rajoy ganó meses antes sus elecciones generales, tuvo que recortar, subir los impuestos y aplicar una reforma laboral que perjudicaría a su dirigente en el sur: ganó las elecciones, pero la faltó la mayoría absoluta. Griñán se alió con IU para seguir gobernando.

Pero ni así pudo, finalmente, tras ser señalado por Alaya, prefirió dimitir, pasó al relevo a Susana Díaz en una jugada maestra de estratega que, sin embargo, no ahorró el alto precio que se pagó en sus filas. El juicio que este miércoles comienza ya se ha cobrado sus penas, nadie de los encausados tiene la más mínima relación con la política, algunos volvieron a sus trabajos de funcionarios, otros se jubilaron, pero todos se apartaron de la luz pública. Algunos casi se ha recluido en sus casas. El precio político parece pagado, han pasado ya dos elecciones autonómicas y el principal acusador, el PP, se sentará en el banquillo por financiación ilegal por el caso Gürtell, lo que nunca encontró Mercedes Alaya. Y, literalmente, se miró hasta debajo de los coches.

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