La Fiscalía ha solicitado el archivo provisional del conocido como caso de las listas de espera, a raíz de la denuncia formulada en abril de 2008 por una trabajadora del Servicio Andaluz de Salud (SAS) ante "las posibles irregularidades en la gestión de la lista de espera quirúrgica" del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. El fiscal justifica su petición en que la investigación judicial podría vulnerar el derecho a la intimidad de los pacientes, así como afectar gravemente a la protección de los datos personales de sus historias clínicas, pues tendrían que ser vistos y manejados por personas ajenas al sistema sanitario y sin el deber de secreto médico profesional. De hecho, cuando se destapó el caso del presunto maquillaje en las listas de espera se hablaba de más de 500 pacientes afectados.

El fiscal solicita el sobreseimiento "tras una larga y meditada ponderación de los intereses en juego", pero lo reclama con carácter provisional hasta que "no se obtengan datos con valor probatorio de la naturaleza penal de las posibles infracciones cometidas", los cuales podrían derivarse de las posibles actuaciones que despliegue la Agencia Española de Protección de Datos. En cualquier caso, el fiscal no niega que existan indicios de una "mala praxis administrativa" en la gestión de las listas de este hospital, algo que "no le cabe duda" se ha producido de forma continuada en el tiempo y "extendida en la administración sanitaria de la que depende dicho centro" -el SAS-, pero, como insiste, estos hechos "exceden en sus resultados negativos" a los frutos que pudieran lograrse en una investigación primariamente penal.

La denunciante aseguró que recibía instrucciones para que las personas que estaban a punto de pasar los 120 ó 180 días de espera para una operación fueran sacados de la lista o dejadas en "reloj parado", utilizando tácticas y pruebas complementarias innecesarias. A la hora de pedir el carpetazo, el fiscal explica que, por la extensión temporal y personal de las "irregularidades" denunciadas en las listas, haría falta una auditoría completa de "miles de historias clínicas" de pacientes que correspondería legalmente a la Agencia de Protección de Datos. Pero esto chocaría frontalmente con el derecho a la intimidad de esos enfermos.

En su escrito, el Ministerio Público sólo pide el archivo con respecto al posible delito de falsedad en las listas, pero no lo reclama en lo que respecta al presunto acoso que podría estar sufriendo la trabajadora denunciante, que también llevó esta situación a la Fiscalía tras destapar el caso. Sobre este extremo, considera que debe aclararse si la denunciante, S. R. R., está siendo sometida "a un comportamiento de acoso laboral a consecuencia de su negativa a participar en las manipulaciones que denunciaba en el sistema de gestión de las listas de espera". Por ello, propone al Juzgado de Instrucción 4 que se forme una pieza separada y se cite a la trabajadora para prestar declaración, "a fin de poder conocer los ámbitos o aspectos concretos en que la perjudicada se ha visto sometida a trato degradante".