La sequía legislativa que arrastra Andalucía en materia de agua terminará por fin esta legislatura. Lo único en lo que lograron ayer ponerse de acuerdo PSOE, PP e IU fue en la necesidad de dotar a Andalucía de un nuevo marco legal para la gestión del ciclo integral. Y es el que debate general planteado en el Parlamento volvió a poner de manifiesto las diferencias insalvables entre PSOE y PP que impiden el consenso necesario para que la política hídrica desemboque en el "gran" Pacto Social por el Agua que propugnaron los socialistas y al que IU se mostró receptiva.

El principal obstáculo no fueron tanto las infraestructuras, la mejora de la calidad del agua y el ahorro en los regadíos en los que sí quisieron centrarse PSOE e IU. El PP bloqueó el debate esgrimiendo el lema de su campaña Agua para todos para hablar del trasvase del Ebro a Barcelona y su ampliación a Andalucía, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. Una propuesta de resolución que cayó en saco roto -al igual que otras 32 de las 35 propuestas presentadas-, pero que sí sirvió a la portavoz del PP, Esperanza Oña, como hilo argumental para restar credibilidad al Gobierno andaluz y al presidente, Manuel Chaves. Empezó acusándoles de "incoherencia" por haber dicho sí a ese trasvase hace doce años, para seguir luego reprochándoles un comportamiento "partidista", rayano en la "traición" a Andalucía para relegarla a una "segunda categoría", y concluir que "se prostituyen políticamente al mejor postor".

La disertación de Oña provocó la dura respuesta de la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, que le recriminó su discurso "chabacano" y "patético" basado en el "insulto a Chaves, el Gobierno y todos los socialistas" para no "entrar en profundidad" a discutir sobre las necesidades y soluciones a la situación hídrica de la comunidad.

De entre las 16 propuestas lanzadas por el PSOE en el debate, además de la nueva ley, que retoma el anteproyecto que quedó aparcado en la anterior legislatura -reordenación de las competencias y desarrollo de la fiscalidad ecológica sobre su uso, es decir, el canon por el consumo-, se aprobó aumentar los recursos hídricos en 1.000 hectómetros cúbicos que se lograrán con la culminación de los ocho embalses en construcción y las cinco nuevas desalinizadoras. Otra iniciativa importante en términos numéricos fue el compromiso de inversión de 2.000 millones de euros para la mejora de las infraestructuras de abastecimiento y depuración, de los que 95,6 se desembolsarán a lo largo de este mismo año, según anunció Castillo.

La eficiencia del uso en el regadío, que absorbe más del 80% de los consumos hídricos de Andalucía, fue otra de las apuestas socialistas, fijando su objetivo en la reducción en un 20%, y que iría de la mano de una toma de decisiones común con los regantes.

El distanciamiento del PP del PSOE llegó al extremo de que los populares negaron incluso su apoyo a la petición de "consenso político básico" de todos los partidos para situar el agua "al margen de la contienda política".

Del fuego cruzado del PP y PSOE, el diputado IU José Antonio Castro quiso mantenerse al margen y centró su intervención en la crítica al actual modelo de gestión socialista de este recurso, pero abriendo las puertas al diálogo. Una actitud que se transformó en la aceptación por parte del PSOE de once de las 22 propuestas de resolución que presentaron al debate. Entre las rechazadas, y a la que IU definió como una de sus piedras angulares, estuvo el incremento de la oferta hídrica pero no a través de "grandes obras hidráulicas" entre las que se comprenden los trasvases y los embalses.