Para el PP, la operación Astapa tiene la misma categoría que la operación Malaya. La crisis abierta en el ayuntamiento de Estepona por las supuestas corruptelas urbanísticas en las que se ha visto involucrado su ya ex alcalde, el socialista José Barrientos, y otros miembros de su equipo de gobierno, requiere de una acción inmediata. Y para los populares pasa por la disolución de la corporación y la celebración extraordinaria de elecciones, algo que en el caso marbellí no pudo hacerse por la proximidad de la convocatoria de comicios municipales.

El presidente del PP-A, Javier Arenas, anunció ayer la presentación de una proposición no de ley en el Parlamento en la que se instará a la Junta de Andalucía a que reclame al Gobierno central esta salida para el consistorio esteponero, y tampoco descartó elevar esta petición en el Congreso.

Según Arenas, la solución de una gestora hasta las elecciones no tiene cabida tras la experiencia de Marbella, en la que, a su juicio, este órgano "no sirvió para nada".

Mientras, en Estepona continuaron ayer las declaraciones ante la Policía judicial. El primero en llegar a la comisaría fue el empresario local Ángel González, y por la tarde le tocó el turno al secretario municipal, Gustavo Rubio.