La Junta niega la disparidad de criterios con el Gobierno sobre el traspaso del Guadalquivir

  • El 30 de junio se dará el visto bueno al traspaso a la Junta de esta competencia, aunque a efectos presupuestarios entrará en vigor el 1 de enero de 2009

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El vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, ha negado hoy que se haya producido una disparidad de criterios entre la Junta y el Gobierno sobre el traspaso de la Cuenca del Guadalquivir, y ha atribuido la confusión a un "error a la hora de interpretar" los acuerdos.

El consejero ha aclarado hoy en conferencia de prensa que, tal y como acordó en su día la comisión bilateral Junta-Estado, será el 30 de junio cuando se dé el visto bueno al traspaso a la Junta de esta competencia, aunque ha matizado que a efectos presupuestarios entrará en vigor el 1 de enero de 2009.

Así, Zarrias ha concretado que antes del 30 de junio la comisión mixta paritaria dará el visto bueno definitivo al traspaso ya acordado.

"Esto es lo que conoce el Gobierno, lo que conoce la Junta y como se van a producir los acontecimientos en los próximos días. No hay disparidad de criterios, pero ha podido haber un error a la hora de interpretar los acuerdos de la comisión bilateral que se celebró en Cazorla (Jaén), ha subrayado.

Por otra parte, el vicepresidente primero ha anunciado que el Gobierno autonómico aprobará en las primeras semanas de julio los proyectos de ley de Mediación Familiar y  de Grandes Ciudades.

Se trata de las dos primeras normas del primer bloque de 37 que tiene previsto aprobar el Ejecutivo durante esta legislatura, en la que se ha comprometido también a trabajar para conseguir el traspaso a Andalucía de 19 competencias, con lo que se pretende desarrollar el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

A las dos mencionadas se unirán las leyes del derecho a la vivienda; para la inclusión social; de dependencia y servicios sociales; reguladora de la dignidad ante el proceso de muerte; de derecho a la información asistencial en el ámbito sanitario; de salud pública o la de modificación de la ley del deporte, entre otras.

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