La consejera de Gobernación, Clara Aguilera, reafirmó ayer el compromiso de la Junta de aprobar un nuevo marco normativo que solvente algunas de las "lagunas" existentes en quién financia determinados servicios que prestan las administraciones.

Pero la financiación local no sólo atañe a la Junta, ya que otras competencias, por ejemplo la regulación de las haciendas locales, pertenece al Estado. Aguilera avanzó, en declaraciones a esta redacción, que la Junta pedirá al Gobierno que, de manera "previa o a la par", sería necesaria la aprobación de una nueva Ley reguladora de las bases del régimen local, que establezca unos criterios comunes para las comunidades.

"A partir de ahí, cada comunidad llegará donde quiera", apuntó. Así se lo demandará Aguilera a la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, en una próxima reunión.

No obstante, Aguilera aseguró que, de no ser atendida la petición, la Junta continuará con el desarrollo de "un nuevo modelo local para Andalucía". Primero, en colaboración con las entidades locales, se delimitarán las competencias de cada administración y, a continuación, aseguró que la Junta asignará a los ayuntamiento una financiación "incondicionada", sin ligarla a subvenciones, en función de sus necesidades.

La próxima semana, Aguilera se reunirá con el presidente de la FAMP, Francisco Toscano, para avanzar en la constitución, comprometida antes del 30 de junio, del Consejo de Concertación Local, un órgano previsto en el Estatuto que canalizará las reivindicaciones "históricas" de los ayuntamientos, como el traspaso de transferencias o la financiación.