Es lo que más publicita el sanchismo: con Pedro Sánchez se ha acabado el proceso independentista, el llamado procés.

Con Pedro Sánchez han pasado a la historia las manifestaciones, la violencia en las calles, los desplantes a todo lo que significa España y español. Los indultos, la futura ley de amnistía, la abolición del delito de sedición, la rebaja de condena del delito de malversación, la manga ancha ante las exigencias del independentismo de relegar la enseñanza del castellano y la cultura española en los centros educativos, dar prioridad a Cataluña frente a cualquier otra comunidad autonómica en cuestiones relacionadas con la economía y en adjudicaciones de sedes estatales y europeas, recortar las funciones de la Guardia Civil, cerrar cuarteles, disminuir la presencia del Rey en actos institucionales … Todo eso lo justificaba el sanchismo con el mismo argumento: era necesario rebajar la tensión que se vivía en Cataluña. Había que apostar por la convivencia, por la serenidad, por crear el clima que necesitaban los catalanes para vivir en paz.

El pasado 12 de mayo, cuando se conocieron los resultados electorales, con el triunfo del PSC que abría la puerta a Salvador Illa para convertirse en presidente de la Generalitat, se comprobó que por primera vez en años los votantes independentistas eran menos que los votantes constitucionalistas. Desde el PSOE sanchista se echaron las campanas al vuelo: que el proceso independentista había muerto. Gracias a Pedro Sánchez, que había cumplido con su principal objetivo como presidente de gobierno.

Antes de abrir la trastienda, es necesario un apunte: el sanchismo incluye en el constitucionalismo a En Comú, los comunes, el partido de Ada Colau integrado en Sumar. Efectivamente En Comú no es un partido que defienda la independencia, aunque sí la celebración de un referéndum que, señalan, apaciguaría los ánimos. Señalan también que en el caso de que se convocara ese referéndum su partido pediría la permanencia en España. Sin embargo eso no les otorga la etiqueta de constitucionalistas. Han hecho alarde de republicanismo y no aceptar el texto constitucional, y no se trata solo de lo relacionado con la monarquía. Cuestionan varios de los artículos básicos de la Constitución al abrazar causas independentistas como la igualdad de todos los españoles a contar con los mismos derechos y obligaciones.

La amnistía, arma contra todos los males

En la trastienda efectivamente se advierte un retroceso del independentismo, pero concluir que eso significa el fin del procés ya no es aceptable. Se ha reducido la violencia, que el procés aceptaba como fórmula para alcanzar la independencia; pero los protagonistas del procés no han renunciado a uno solo de sus principios, sino que están a la espera de cómo se presenta el futuro.

Pedro Sánchez ha prometido que el día 30 de mayo habrá Ley de Amnistía y todos los condenados por los tribunales verán anuladas sus condenas. Más que eso: con la amnistía las condenas no han existido.

Sánchez puede cumplir la promesa de aprobar en plazo la Ley de Amnistía, cuenta con la necesaria mayoría parlamentaria en el Congreso; pero no está en su mano prometer la aplicación de la amnistía con efecto inmediato como exige Puigdemont -y los demás- porque no depende del presidente de gobierno, sino de los jueces que tendrán que ver caso por caso. Y dependerá también del Tribunal de Justicia de la UE, ya que el Tribunal Supremo tiene preparada la cuestión previa para presentarla de inmediato ante esa instancia europea, como también tiene preparadas las alegaciones que justifican la cuestión previa. Si el tribunal europeo atiende el requerimiento del TS español, que se da por hecho, la aplicación de la Ley se bloquea hasta que decide el tribunal, lo que puede tardar hasta dos años.Este proceso, que se ha contado hasta la saciedad, parece que no lo asumen los directamente implicados. Ni tampoco el gobierno, que presenta la ley como si la amnistía se aplicara en cuanto fuera aprobada por el Congreso. Es necesario ser más cauto cuando se hacen predicciones de futuro, sobre todo cuando de ese futuro depende la estabilidad social y política no solo de Cataluña sino también del resto de España.De momento, pensando en el futuro, los sanchistas se atribuyen haber promovido el fin del llamado procés. Un movimiento político que convulsionó Cataluña y a España entera.

Cataluña, después de Pujol, con años últimos complicados, vivió un tiempo de serenidad cuando, en 2003, empezó el tiempo de los tripartitos. El primer gobierno de coalición PSC-ERC-Iniciativa por Cataluña lo presidió Pasqual Maragall, y en el 2006, también con tripartito, el presidente fue Montilla. Después regresó un gobierno de Convergencia, presidido por Artur Mas, que dio alas al independentismo, hasta el punto de que el propio Artur Mas, que siempre se había dicho ser nacionalista no independentista, abrazó la causa independentista y dio paso a un gobierno presidido por Puigdemont.

Para muchos de los analistas e historiadores de la España reciente, los años de tripartito acabaron con el incipiente procés, pero renació con Puigdemont. Y, debe reconocerlo el PP, no lo afrontó con suficiente inteligencia política Mariano Rajoy, que primero con Artur Mas y después con Puigdemont, luchó contra el independentismo sin darle respiro, tensionando la cuerda hasta el punto de decidirse por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que disponía que el gobierno catalán sería intervenido por el Gobierno español. De facto ponía en manos de Moncloa la gestión del Gobierno de la Generalitat. Eso provocó la huida cobarde de Carles Puigdemont a Francia para instalarse en Bélgica sin informar a sus compañeros de gobierno y de partido.

El PSOE de Sánchez que ataca duramente a Feijóo por su mano dura debe reconocer que el 155 se produjo gracias al apoyo de Pedro Sánchez, que lo negoció directamente con Mariano Rajoy. Fue apoyado también por Albert Rivera, líder entonces de Ciudadanos.

Negociar con prófugos de la Justicia

Celebradas unas nuevas elecciones en Cataluña pocos meses más tarde como habían pactado Rajoy, Sánchez y Rivera, el independentismo se hizo nuevamente con la Generalitat… y el procés resucitó con una virulencia nunca conocida. Sánchez se convirtió el presidente en el 2018 gracias a una moción de censura que desbancó a Rajoy, y desde el primer momento su apuesta fue por promover una política completamente distinta respecto a Cataluña y al independentismo. Lo que provocó una profunda crisis en el socialismo español más una profunda división en la izquierda política y en la sociedad española, atónita por las decisiones del gobierno de Sánchez, su permisividad ante los desmanes que promovía el independentismo, la aceptación de sus exigencias porque necesitaba a ERC y Junts para mantenerse en Moncloa, y las mentiras sistemáticas con las que tintó sus relaciones con el independentismo, marcando él mismo líneas rojas que sin embargo traspasó cuando comprendió que, si no las traspasaba, perdía el gobierno. Sus hitos fueron el indulto a los condenados por el procés y, ahora, la ley de amnistía.Las elecciones catalanas de hace una semana han supuesto que Puigdemont, un tránsfuga de la justicia, ha hecho campaña desde Francia pero con un resultado muy superior al esperado, muy cerca del PSC. Y han supuesto que se ha visualizado el declive del independentismo, que baja en aceptación social.Pedro Sánchez sin embargo se autoproclama como el político que ha puesto punto final al procés. Pero… Puigdemont sigue amenazando con dejar caer a Sánchez si no le ayuda a ser presidente de la Generalitat, ERC ha estallado y es difícil pronosticar su futuro porque Junqueras se ha apartado por un tiempo, en situación de expectativa. Por otra parte es difícil predecir cuales son los apoyos con los que contará Sánchez para seguir gobernando, porque la inestabilidad de los partidos independentistas le afectan directamente.

Mientras, se produce un hecho insólito que demuestra que Cataluña no es hoy la región que ha superado, gracias al sanchismo, las graves consecuencias del procés: el equipo de Pedro Sánchez se ve abocado a negociar con Marta Rovira, actual líder en funciones de ERC, los apoyos parlamentarios. Rovira lo hará desde Suiza, donde reside.

Es decir, el gobierno, una vez más, negocia con una prófuga de la Justicia. No es precisamente un signo de la normalidad política y social que demostraría que han quedado atrás los tiempos convulsos.