Polémica

Decenas de abogados de Sevilla denuncian a la Mutualidad también en los juzgados

Decenas de letrados han presentado una denuncia contra la Mutualidad de la Abogacía en el juzgado de guardia. / Juan Carlos Vázquez Osuna

Decenas de abogados de Sevilla pertenecientes al movimiento #J2, que lleva meses denunciando las pensiones “ridículas” que les van a quedar por haber cotizado con la Mutualidad de la Abogacía y no como autónomos, han dado otro paso más en su campaña de reivindicaciones y, después de denunciar a esa misma organización ante la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional hace unas semanas, este jueves han repetido la acción ante el juzgado que estaba en funciones de guardia de incidencias esta mañana, en concreto el de Instrucción número 1.

La protesta, como ocurrió el 11 de abril en la Jefatura Superior de Andalucía Occidental, en Blas Infante, se corresponde con lo que han hecho otros muchos profesionales de otras provincias andaluzas y el resto de España. La intención de los afectados es que la investigación, si es admitida a trámite, corra a cargo de la Audiencia Nacional, pues ese es el ámbito de la problemática.

“El objetivo es que se proceda a la investigación de los administradores de la Mutualidad y de quien tenga relación al efecto de dilucidar responsabilidades”, explicó a principios de mes Ana Gil, portavoz de este movimiento en Sevilla. “Las denuncias son individualizadas. Esperamos que las presentadas se acumulen y se proceda lo antes posible a la apertura e instrucción de los hechos”, añade.

La denuncia se dirige “contra los administradores y directivos actuales y pasados de la Mutualidad General de la Abogacía (MGA)”, con sede en Madrid, y más en concreto contra su actual presidente Enrique Sanz, y su director general, Rafael Navas, sin perjuicio de que se amplíe “frente a cuantos investigados” puedan ser considerados autores de los cinco delitos que estos profesionales atribuyen a la Mutualidad: administración desleal, estafa, malversación, apropiación indebida y publicidad engañosa.

En el escrito hay un relato cronológico que recuerda que hasta julio de 1996 era obligatorio para los nuevos abogados vincularse a la Mutualidad “como requisito indispensable para el ejercicio de la profesión”. A partir de ese momento se admitió la posibilidad de darse de baja y pasar al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), pero “era más teórica que real”. “Si lo hacías, perdías todo el capital y los intereses aportados en la Mutualidad y empezabas a cotizar en el sistema público desde cero. Perdías el dinero, el tiempo de cotización y, por ende, la posibilidad de obtener una jubilación con una base de cotización aceptable”, detalla la denuncia.

“La Mutualidad no permitía el reintegro de los pagos realizados ni te quedabas con lo aportado en depósito o con alguna opción de recuperación futura. Simplemente lo hacían suyo, esto es, se apropiaban de ello sin posibilidad de rescate ni siquiera futuro”, añade. Una de las principales reclamaciones del colectivo, de hecho, es crear una “pasarela” para traspasar las cotizaciones desde la Mutualidad al RETA sin perder ni las cantidades ni la antigüedad.

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