Los exalcaldes de Almonte Francisco Bella (PSOE, 1991-2011) y José Antonio Domínguez (PP, 2011-2015) se sentarán en el banquillo de los acusados de un juzgado de lo Penal en fechas venideras para responder por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por extracción ilegal de aguas subterráneas, causando riesgo de un perjuicio grave al equilibrio de los ecosistemas del Espacio Natural Doñana.

Les acompañarán otras siete personas jurídicas más y sus respectivos representantes legales, después de que la titular del Juzgado de Instrucción 2 de La Palma haya dictado auto de apertura del juicio oral contra ellos tras la investigación de la extracción de agua subterránea a través de pozos ilegales.

Francisco Bella y José Antonio Domínguez se enfrentan a dos años y diez meses de prisión

La jueza, por contra, ha archivado la parte de la causa abierta contra el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas (que era consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía cuando se investigaron los hechos), así como contra dos exsecretarias generales de la Administración autonómica andaluza pertenecientes a la misma Consejería. La decisión judicial atiende a la petición expresa de sobreseimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva, que ejerce como única parte acusadora en el procedimiento y sin la que es imposible mantener la imputación contra estas tres personas.

El fiscal de Medio Ambiente, Alfredo Flores, entiende que "no existen indicios relevantes de su participación activa u omisiva en los hechos objeto del procedimiento que justifiquen la formulación de acusación" por las captaciones ilegales de agua en el entorno de Doñana desde 2009 a 2012, concretamente en la finca Matalagrana de Almonte.

En su escrito de calificación que trascendió el pasado junio, Flores evidenciaba que "la única conexión es el hecho de haber ocupado como titular, en el caso de Planas, la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta, o la Secretaría General de Agricultura y Alimentación de dicha Consejería en el caso de las dos exsecretarias". A ello suma que "no resulta acreditada a nivel indiciario" su participación ni tampoco "una omisión análoga de aquella en relación con las fincas y explotaciones". Es más, precisa en el escrito de acusación que la propia Junta abrió expedientes sancionadores a las empresas investigadas y también la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, "si bien con poca eficacia".

Concluye pues que no se puede determinar que estas personas "hayan colaborado de forma activa y relevante con los agricultores querellados en su conducta delictiva o cometido una omisión grave y reiterada al no denunciar penalmente las extracciones ilegales de las que tuviesen conocimiento".

Por contra, Francisco Bella y José Antonio Domínguez se enfrentan a dos años y diez meses de prisión y al pago de una multa de casi 5.500 euros, mientras que los titulares de las explotaciones de Matalagrana y otros agricultores deben ser castigados, a juicio del Ministerio Público, con penas de tres años y diez meses de prisión cada uno y a multas que rebasan los 23.000 euros.

Fue la querella de un particular la que en agosto de 2011 propició la investigación sobre una supuesta trama de corrupción en Almonte relacionada con pozos ilegales y subvenciones a empresas, tras un acuerdo que se firmó entre el Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA) y el Ayuntamiento de la localidad. El fiscal precisa que, desde aquellas fechas y en ejecución de estos convenios, los agricultores acusados, conscientes de la falta de autorización legal para ello, han extraído agua del frágil acuífero 27 para regar sus explotaciones. Y lo han hecho, presuntamente, mediante los sondeos creados por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario a principio de los años 70, actualmente propiedad del IARA. Por todo, el Ministerio Público estima que empresarios y exalcaldes "fueron conocedores de la inexistencia de la autorización para la extracción de agua".

Ahora el Instrucción 2 de La Palma está a la espera de los escritos de defensa, tras lo que remitirá la causa a un órgano de lo Penal.