Las personas con cáncer tienen un 34% más de probabilidades de perder su trabajo que la población general, según un estudio de la Asociación contra el Cáncer de Barcelona.

En 2023, 17.460 personas con cáncer estaban en edad laboral en Cataluña y hasta 110.000 en España.

Según el sondeo al que hace referencia la asociación, un 28,4% de las personas con cáncer afirma haber perdido o dejado el trabajo tras la enfermedad.

Además, la reducción del 25% de la nómina en las incapacidades temporales surgidas, unido al largo período de las mismas a causa de la enfermedad, hace que muchos pacientes puedan encontrarse en una situación económicamente vulnerable, destacan.

La asociación llama también la atención sobre que el cáncer provoca un coste económico al 41% de las familias superior a 10.000 euros durante la enfermedad, lo que en algunas ocasiones provoca que la familia se degrade a la situación de riesgo de exclusión social, alertan.

En respuesta a este panorama, la entidad ha vuelto a reclamar a todos los agentes sociales medidas para reducir el impacto del cáncer en la vida laboral de los pacientes.

Y es que se calcula que en Europa existen más de 12 millones de supervivientes de cáncer y, en España, se estima que hay más de 2,2 millones de personas a las que se les ha diagnosticado un cáncer a lo largo de su vida.

En ese sentido, el aumento de la tasa de incidencia del cáncer, por un lado, y de la supervivencia, por otro, plantean otro gran reto para los próximos años: la necesidad de poner el foco sobre las necesidades no cubiertas tanto de los pacientes como de los supervivientes de cáncer.

Necesidades, especifican, como la pérdida de trabajo y la "cada vez más complicada reinserción laboral son aspectos críticos para las personas con cáncer", plantea el texto.

Subrayan los aspectos que impiden la reincorporación inmediata al puesto de trabajo y funciones habituales, ya que el dolor, las dificultades de concentración o movilidad y el cansancio, dificultan la realización de una jornada laboral.

Además, los largos períodos de inactividad suponen un inconveniente a la hora de reanudar la rutina laboral por las secuelas de la enfermedad, principalmente.

Más allá, en el caso de las incapacidades permanentes, las personas se enfrentan a largos procesos de resolución de las incapacidades, lo que se traduce en un conflicto continuo para poder reincorporarse a la vida profesional.