Romero cree que Justicia demora la aceptación de la nueva parcela

  • La Consejería pide un informe "ya remitido" y un certificado que "no es obligatorio por ley"

El delegado de la Presidencia, Francisco José Romero, anunció ayer una nueva novedad respecto a los trámites de cesión de la parcela para la construcción de los nuevos Juzgados en la avenida Constitución: la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas les había requerido a través de correo electrónico una nueva documentación, "un certificado que no corresponde al Ayuntamiento expedirlo" y "un informe de valoración del bien que ya hemos remitido".

Esta circunstancia hace pensar al equipo de gobierno que la Junta de Andalucía demora conscientemente la aceptación de la parcela, puesto que entre otras cuestiones carece de consignación presupuestaria, según el plan de infraestructuras que aparece en la página web de la Consejería de Justicia. "Ni para este año, ni para el próximo", apuntó Romero, que mostró su malestar por los constantes retrasos.

En noviembre de 2003 el Ayuntamiento ofreció una parcela, la UE 46 en La Magdalena. Durante dos años los trámites se suceden pero finalmente la Junta no aceptó ese suelo. Se ofreció entonces otra posibilidad: un terreno en la avenida Constitución. En octubre de 2006 la Consejería requiere una serie de documentación, que conlleva el inicio del proceso administrativo para segregar los 3.000 metros cuadrados en cuestión como finca independiente de una parcela mayor de la que formaba parte. En marzo de 2007 el Pleno aprueba la segregración y los informes se envían a Justicia. Unos meses después, en mayo, se solicita otros documentos. De nuevo en septiembre se pide al Ayuntamiento una documentación ya enviada, que remiten por segunda vez. "La valoración del suelo se había enviado en 2006 y en 2007, ahora lo vuelven a pedir. Se la volvemos a pasar ahora", criticó el concejal andalucista. Romero se quejó además de que Justicia reclame una documentación que no corresponde al Ayuntamiento, la referencia catastral de la finca, que no tiene por haber formado parte de otra parcela, o la certificación de por qué no consta, "no necesario por ley" y que además "es responsabilidad del Catastro", insistió.

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