OPINIÓN. LA CALLE

Coma inducido del Consejo Audiovisual

España podría aspirar a una medalla de oro suplementaria en los Juegos de Pekín, si se declara el furor legislativo como deporte olímpico. Nos encanta legislar. Muchas leyes, como las de dependencia o violencia doméstica, tienen tan buenas intenciones como escasos medios materiales y humanos para ser aplicadas. O acaban en manos de órganos que no tienen atribuciones reales para hacer efectivas las aspiraciones del legislador. Es el caso del Consejo Audiovisual de Andalucía, en coma inducido desde que el pasado martes dimitió su primer presidente, Manuel Ángel Vázquez Medel. Este CAA, tomado por el pito de un sereno por propios y extraños, es nada más y nada menos que una de las ocho instituciones troncales sobre las que se organiza políticamente el autogobierno de la comunidad autónoma, según recoge el Título IV del Estatuto de Andalucía.

Desgraciadamente el CAA está lejos de ser la autoridad independiente encargada de velar por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales en los medios audiovisuales, que establece el artículo 131 del Estatuto. Y está lejos, porque los legisladores andaluces así lo quisieron cuando aprobaron la ley de creación del CAA en 2004. El origen de los consejos audiovisuales en Europa está en el primer Gobierno socialista francés bajo la Presidencia de Mitterrand. En 1982 arranca la Alta Autoridad para el audiovisual, que en 1989, al inicio del segundo septenato de Mitterrand, pasó a llamarse Consejo Superior del Audiovisual. Este organismo tiene enorme poder: entre otras cosas, nombra a los presidentes de la televisión y de la radio públicas, concede las licencias de radio y televisión y tiene una capacidad de sanción que ha ejercido con firmeza desde su creación, con multas de muchos millones de francos.

De todas estas competencias carece el Consejo andaluz, órgano de carácter meramente consultivo. Las 22 funciones previstas en su artículo 4 empiezan con verbos que ponen de manifiesto las buenas intenciones del legislador y el escaso poder del órgano. El CAA debe velar, asesorar, informar, fomentar, propiciar, incentivar, vigilar...  Mucha autoridad y poco poder: sólo la capacidad de sanción por infracciones en los contenidos o en la publicidad.

La segunda debilidad del CAA es que aunque es un órgano de origen parlamentario, depende burocráticamente de la Consejería de Presidencia, de sus servicios jurídicos, de su presupuesto, de su tutela. La ley indica que la administración de la Junta de Andalucía le prestará a este organismo “la colaboración necesaria”. Presidencia es, por cierto, la misma Consejería de la que también depende la Radio Televisión de Andalucía, la RTVA. Lo lógico sería que un órgano independiente que emana del Parlamento, dependiese de la propia Cámara en todos los aspectos, también en los reglamentarios, jurídicos o presupuestarios. El mismo reglamento del CAA fue aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta, que enmendó a su criterio lo dispuesto por los consejeros independientes, sin que el Parlamento ni el CAA tuviesen nada que objetar.

La tercera fragilidad del CAA ha sido la falta de espíritu colegiado de sus trabajos y decisiones. Difícilmente un órgano nuevo, como éste, puede acreditarse ante la sociedad con resoluciones sacadas por mayorías simples. Y menos en un ambiente de confrontación. Es curioso se censure siempre el frentismo entre los dos grandes partidos y cuando se nombran órganos profesionales como el Consejo General del Poder Judicial o el CAA, sus componentes acaben convirtiendo a estas entidades en miniparlamentos profundamente divididos. Hay consejeros audiovisuales, de todo signo, que se quejan de “vejaciones, insultos y ninguneos” de alguno de sus colegas.

A pesar de todo, en sus dos años y medio de vida el CAA, que tiene un presupuesto anual de 8 millones de euros, ha desarrollado una actividad profesional interesante. Su informe sobre los contactos sexuales explícitos en televisiones locales en horario infantil debería ser tenido en cuenta por la Fiscalía. Y su estudio sobre los contenidos de radio, en el que la información regional casi ha desaparecido de los emisoras comerciales, marcan caminos que esta institución debe emprender para ganarse un prestigio del que ahora carece.

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