La indemnización que el Ayuntamiento tendrá que abonar a la familia Campos por la expropiación de los terrenos sobre los que levantó parte del complejo comercial de Bahía Sur asciende a 1.447.926 euros, una cifra que queda muy por debajo de los 25 millones de euros (casi 4.000 millones de pesetas, una cuarta parte de los presupuestos municipales) que exigían los afectados.

Así lo considera el perito judicial al que la sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que instruye el caso, ha encargado la realización de unas nuevas pruebas periciales. Estas consisten básicamente en la tasación del suelo para determinar la cuantía definitiva que el Ayuntamiento tendrá que pagar a la familia Campos, a la que en los años 80 expropió 40.200 metros cuadrados para la construcción de instalaciones deportivas que luego, sin embargo, fueron ocupadas por parte del complejo comercial. Un uso distinto, por tanto, al previsto cuando se practicó la enajenación de los terrenos.

En septiembre de 2002, el Tribunal Supremo dictó sentencia a favor de la familia de antiguos propietarios -que alegaba haber recibido un justiprecio muy inferior al que realmente le correspondía en función del uso comercial y económico previsto para el suelo- y obligó al Ayuntamiento a indemnizar a los afectados.

Desde entonces, y después de que se descartara un recurso de amparo que el Ayuntamiento elevó al Tribunal Constitucional, el caso se dirime en la sección cuatro de la sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), donde la familia presentó una demanda de ejecución de la sentencia.

Que el Ayuntamiento tiene obligatoriamente que indemnizar a la familia Campos es algo que quedó claro entonces. Lo que no está nada definido es cuánto. Así la familia -para preocupación del Ayuntamiento- reclamaba la millonaria cantidad de 25 millones de euros, una cifra que para el Gobierno local ha resultado siempre "exagerada y desproporcionada" y que hizo saltar la alarma al publicarse en los medios de comunicación ya que, de estimar el TSJA esta cantidad, afectaría muy negativamente a unas mermadas arcas municipales. El Ayuntamiento podría verse en una situación terriblemente difícil si el TSJA valora la totalidad de la indemnización que reclaman los afectados.

Pero tampoco la sala que instruye el caso lo tiene claro. De ahí que haya optado por recurrir a un perito judicial -un arquitecto designado por el TSJA- para que efectúe de nuevo las pruebas periciales, justo cuando se vislumbraba el final del proceso, que se ha vuelto a demorar.

La cifra que el perito judicial ha puesto sobre la mesa -1,4 millones de euros- dista mucho de la alarmante cantidad reclamada por la familia. Pero tampoco se trata de la indemnización definitiva ya que ésta dependerá del dictamen del juez que instruye el caso. Claro que se presupone que esta cifra se acercará a lo estimado por el experto designado por la sala, una cantidad más objetiva que la propuesta por las partes.

Con todo, los servicios jurídicos municipales tampoco están de acuerdo con esa nueva cantidad fijada y discrepan del dictamen pericial, sobre todo, por el procedimiento que se ha seguido a la hora de elaborar la tasación.

Así, el Ayuntamiento ha alegado que para fijar la tasación del suelo se emplean precios de referencia objetivos y valores de mercado, indistintamente, y que en los cálculos ha sido necesario recurrir a otros valores situados fuera del ámbito que concierne al caso para concretar el precio. De esta manera, el resultado final, que tendrá que esperar a la sentencia, podría incluso ser inferior al casi millón y medio de euros fijado en las pruebas periciales.

La indemnización de 25 millones de euros que reclama la familia despertó una gran alarma social y política. La oposición -PSOE y, entonces también PP- exigió responsabilidades al Gobierno andalucista ante la posibilidad de tener que hacer frente a ese pago millonario. Hace apenas unas semanas, durante el encuentro que colectivos ciudadanos mantuvieron con el alcalde para tratar la subida de los impuestos, la preocupación ante este ingente desembolso también se puso de manifiesto.

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