El fiscal solicita cinco años de prisión por un delito de estafa para Abraham Butrón, a quien acusa de vender tres chalés que había construido de manera ilegal en un terreno rústico y no urbanizable del Pinar de María, en Chiclana. El procesado fue condenado por la Audiencia Provincial de Cádiz hace más de tres años por falsedad en documento oficial en un asunto directamente relacionado con el que lo lleva de nuevo al banquillo. La sentencia consideró probado entonces que Butrón contrató los servicios de un arquitecto para certificar de forma falsa que en el terreno en el que luego construyó los tres chalés había dos viviendas con una antigüedad de más de cinco años.

Con ese certificado, el procesado inició los trámites que le permitían legalizar lo construido en el terreno, ya que documentaba que había prescrito la irregularidad urbanística. No había ninguna construcción en la parcela pero el propietario inscribió dos viviendas y lograba así legalizar las que construyó después.

Condenado por esa falsedad documental (y condenado también el arquitecto que firmó el certificado de antigüedad, Joaquín Pallí), el propietario del terreno regresa ahora a la Audiencia para ser juzgado por la venta de los tres chalés que levantó allí

El escrito de calificación provisional relata que valiéndose de las certificaciones registrales obtenidas con el certificado elaborado por Pallí, el procesado logró que el día 17 de enero de 2006 le fuese otorgada escritura pública autorizada ante notario en la que la que se obtenía la declaración de obra nueva y división horizontal de la finca.

El fiscal explica que el acusado obtuvo de ese modo la parcelación de diferentes fincas derivadas de la finca matriz que comenzó a vender a terceras personas bajo el nombre Promoción El Marquesado. El terreno quedó dividido en tres fincas en las que se levantaban tres chalés.

El escrito de acusación detalla que una de las fincas y el chalé lo compraron dos mujeres por 156.263 euros en diciembre de 2006 (aunque en escritura pública el importe era de 90.000 euros). Que otro chalé lo adquirió en febrero de 2007 un hombre por la misma cantidad. Y que el tercero lo compró en el mismo mes una pareja, también al mismo precio.

El fiscal anota en la calificación que el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz publicó el 7 de abril de 2009 el anuncio del expediente urbanístico incoado por el Ayuntamiento de Chiclana que acordaba el derribo de las tres viviendas.

La Audiencia Provincial de Cádiz dictó el pasado octubre una sentencia que rechazó ordenar la demolición de tres chalés construidos de manera ilegal en Chiclana en 2003, medida que reclamaba la Fiscalía.

La sentencia absolvió a un albañil y condenó a un perito industrial, a un aparejador y a tres propietarios del terreno rústico, no urbanizable y de especial protección, en el que fueron levantadas las viviendas.

El tribunal argumentó al optar por "la vía conservadora" que las casas, ubicadas en Pago Melilla, en el Camino de los Viñedos, se encuentran en un área consolidada de población, con los servicios y suministros "básicos en pleno funcionamiento", y que existe un plan urbanístico nuevo para esa zona.