El párroco de Conil, Carlos Pérez, y el concejal de Juventud y Fiestas de esa localidad, Pedro Moreno, acudieron como testigos la semana pasada al juicio del caso Follarranas para declarar en favor de J.M.G., uno de los 23 acusados de pertenecer a una organización de traficantes de hachís desmantelada en octubre de 2005. La vista oral comenzó el pasado 21 de enero y, tras un paréntesis de una semana, continuará el próximo lunes en la Audiencia con la audición de algunas de las conversaciones telefónicas interceptadas durante la investigación.

El abogado de G., Manuel Montaño, sostiene que ese procesado no participó en los hechos que le han llevado al banquillo: que ha sido confundido con otra persona a raíz de los datos proporcionados a la Guardia Civil por un confidente. El letrado explicó que siete testigos han declarado en el juicio que G. se encontraba con ellos la noche de octubre de 2005 en que fue capturado un cargamento de hachís desembarcado en la playa de El Palmar. Y también que otros dos testigos, el párroco de Conil y el concejal de Juventud, han declarado ante el tribunal que hablaron en su día con el confidente que puso en marcha la operación policial y que éste les aseguró que la Guardia Civil se había confundido al detener a G.: que hubo un error de identificación a causa de un apellido similar. El confidente, contaron, les dijo que aclararía el equívoco, pero parece que esa gestión no se produjo o no ha dado resultado.

Los nueve testigos aportados por la defensa de G. pretendían declarar durante la instrucción del caso, pero el Juzgado optó por aplazar esos testimonios hasta la celebración del juicio, señaló Montaño, quien solicitará la absolución.

Frente a esos testimonios, y al aval del cura y del concejal, están los de tres guardias civiles que han identificado a G. como uno de los procesados que horas antes del desembarco del hachís participaron en una reunión, en un domicilio de Conil, en la que prepararon la operación.

La fiscal se apoya en los testimonios de los agentes al solicitar para G., que tiene antecedentes por tráfico de hachís, cinco años de prisión por un delito contra la salud pública.

El calendario del juicio prevé que el caso quede visto para sentencia la próxima semana. Dos de los 23 procesados están considerados por la fiscal como los encargados de la organización: S.F., conocido como Chano, y P.H., apodado Follarranas, que da nombre al grupo acusado de introducir en España por la costa gaditana cargamentos de hachís procedentes de Marruecos. En el banquillo se sientan varios familiares de esos dos acusados. La fiscal sostiene que colaboraban en la ocultación y blanqueo del dinero conseguido por la organización con el tráfico ilegal de hachís.

Las penas solicitadas en principio por la fiscal van de cuatro años a nueve años y nueve meses de prisión, que es la más alta y corresponde a Chano, que está acusado de tres delitos: encargado de organización dedicada al tráfico de hachís, receptación y atentado. Para P.H., la fiscal pide siete años y nueve meses de cárcel por dirigente de organización y por receptación.