Hace algunas semanas, la Fundación de Servicios Sociales dio la voz de alarma acerca del retraso y la falta de financiación por parte de la Junta para poner en marcha las ayudas contempladas en la nueva Ley de Dependencia. En San Fernando, a estas alturas, se ha registrado un total de 856 solicitudes en este sentido. Se erige actualmente, por tanto, como uno de los municipios de la provincia con más peticiones de familiares con personas a su cargo que padecen algún tipo de dependencia. Sin embargo, a fecha del pasado jueves, no habían comenzado a tramitarse por parte de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social ni la cuarta parte de dichas solicitudes formales.

Así lo denunciaron en su día -aunque sin cifras oficiales- tanto el delegado general del Área Municipal de Bienestar Social, Jesús Perulero, como la responsable de Servicios Sociales, Susana Rocamonde. Es más, el primero de ellos ha manifestado ahora que sería necesaria una mayor agilidad por parte de la Junta para que sea posible cumplir con los plazos establecidos. "Si se retrasa demasiado la tramitación de los expedientes, habrá que renovarlos porque habrá casos en que el grado de dependencia se haya agravado. Así que habría que empezar de nuevo", ha explicado a este periódico.

La participación de la Fundación de Servicios Sociales se limita a la primera fase del proceso, es decir, al primer momento en que un ciudadano recurre al Ayuntamiento para informarse sobre la forma de pedir esta ayuda.

En estas circunstancias, un trabajador social de la Fundación atiende al demandante, rellena un formulario de solicitud con él y le informa sobre los nuevos derechos y obligaciones aplicables a las personas que no pueden valerse por sí mismas.

La mayoría de solicitantes, según informan fuentes de Servicios Sociales, acuden para reclamar ayudas económicas, aunque esto no es siempre posible. Y es que la nueva Ley no sólo prevé este tipo de prestación sino que en el catálogo de servicios de ayuda se incluyen también teleasistencia, ayuda a domicilio, residencias, centros de estancia sólo diurna, asistencia personalizada o un servicio de mera prevención si fuera necesario.

Una vez emprendido el proceso y cuando el expediente del caso obre ya en manos de la Delegación Provincial de Igualdad y Bienestar Sociales, se organizan una serie de visitas a la persona dependiente para comprobar su situación, entorno y otra serie de condicionantes. Esta labor no sólo corresponde a Bienestar Social sino que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y los propios ayuntamientos también aportan los datos requeridos a través de una plantilla especial contratada para dedicarse exclusivamente a ello, como son trabajadores sociales, psicólogos e incluso médicos.

Este primer dictamen se plasma en un escrito que se envía a los familiares y a la persona afectada. En él se les informa sobre el tipo de servicio que pueden recibir en su caso (de todo el catálogo mencionado anteriormente) y se les adscribe a un grado de dependencia -I, II ó III, según sea dependencia moderada, severa o gran dependencia-. Sólo los beneficiarios del tercer grado, el más grave, recibirán las ayudas a lo largo de este año. Los demás irán haciéndolo hasta el año 2015, en que el Gobierno prevé cubrir la demanda.