Otro auto reitera la acusación contra Díaz y Rodríguez por Pinar de Coig

  • El autor del proyecto de electrificación de las viviendas también ha sido imputado

El Juzgado de Instrucción número 2 de El Puerto ha emitido un nuevo auto donde vuelve a ordenar que se continúe con el procedimiento judicial por la denuncia sobre el diseminado ilegal de Pinar de Coig contra el ex alcalde Hernán Díaz y los ex concejales de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez y Pedro Alamillos, entre otros. Las diligencias practicadas hasta ahora serán remitidas al Juzgado de lo Penal de Cádiz.

En abril del año pasado, la jueza titular de la sala, María del Carmen Fornell, decretó lo mismo ya que había apreciado indicios de delito de prevaricación en relación con otro contra la ordenación del territorio por parte de los ex ediles. No eran los únicos imputados por la jueza ya que, junto a ellos, se encontraban José Pinto Fuentes (el propietario de los terrenos sobre los que se construyó Pinar de Coig) y Rafael Pacheco Descalzo (quien vendió las parcelas).

El auto del pasado abril fue recurrido por el abogado de Díaz y Rodríguez, Felipe Meléndez, argumentando que también debía imputarse a Fosco Valimaña, el ingeniero que elaboró el proyecto de electrificación de las viviendas del diseminado ilegal. La jueza aceptó esta solicitud y lo llamó a declarar en calidad de denunciado (previamente había acudido al juzgado como testigo). Su declaración se realizó en diciembre.

El pasado jueves, la titular del Juzgado número 2 elaboró un nuevo auto donde ordenó continuar con el proceso judicial manteniendo como imputados a Díaz, Rodríguez, Alamillos, José Pinto y Rafael Pacheco e incorporando a Fosco Valimaña. Tanto denunciantes como denunciados tienen ahora la posibilidad de presentar recursos de reforma y de apelación ante el Juzgado.

Las diligencias judiciales se abrieron tras las denuncias interpuestas por el colectivo Ecologistas en Acción y por un grupo de propietarios de viviendas del diseminado ilegal. Los representantes legales de ambos (Enrique Bartolomé por parte del colectivo conservacionista y José Miguel Gómez Pedrosa por los dueños) así como la Fiscalía ya pueden presentar sus correspondientes escritos de acusación.

Una vez se resuelvan los recursos que se presenten, las diligencias podrán ser remitidas a una de las salas del Juzgado de lo Penal de Cádiz para que señale día para la celebración del juicio.

El caso Pinar de Coig se inició en marzo de 2005 cuando Ecologistas denunció ante la Fiscalía la construcción de este núcleo ilegal en un espacio protegido. El colectivo conservacionista acusaba a Díaz, Rodríguez, Alamillos y Pinto de un delito de prevaricación (a los tres primeros) y contra la ordenación del territorio (al propietario de los terrenos por parcelar ilegalmente y a los ex ediles por firmar autorizaciones de luz y no actuar disciplinariamente contra los propietarios). El Ministerio Fiscal consideró que había indicios de delito por lo que remitió el caso a los juzgados portuenses para que comenzaran las diligencias previas. A la causa de ecologistas se añadió una denuncia que en agosto de ese año presentaron tres propietarios de viviendas contra los mismos denunciados, aunque incorporando a Rafael Pacheco. A Pacheco y a Pinto les acusaba, además, de un presunto delito de estafa inmobiliaria.

Las diligencias se han alargado durante casi tres años debido a numerosos retrasos en la declaración de denunciados y testigos.

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