Los criterios seguidos por la Junta de Andalucía para repartir de manera selectiva 2,2 millones de euros entre seis ayuntamientos gaditanos ha causado un enorme revuelo en el patio municipal de la provincia, donde un nutrido grupo de alcaldes no ha podido disimilar su sorpresa, malestar e incluso indignación por una decisión que, según la Administración autonómica, fue consensuada antes por las tres fuerzas políticas con representación en el Parlamento andaluz: PSOE, PP e IU.

Así, el alcalde de San Fernando, Manuel de Bernardo (PA), afirmó con rotundidad que esta ayuda extraordinaria concedida de manera exclusiva a los ayuntamientos de La Línea, Barbate, Sanlúcar, Villamartín, Arcos y Alcalá del Valle supone "una de las mayores injusticias y arbitrariedades de toda la historia de la democracia", mientras que su homólogo en Olvera, Fernando Fernández (IU), dijo que esta medida jamás realizada hasta la fecha es "una nueva traición de la Junta de Andalucía a la financiación local".

La reacción -en algunos casos airada- de muchos regidores se produce después de que este periódico publicara el pasado sábado que la Junta, a través de la Consejería de Gobernación, regaló a finales de año 2.250.000 euros a seis ayuntamientos de la provincia, en teoría los que mayores problemas de liquidez económica venían sufriendo. Estas ayudas, publicadas el pasado 5 de enero en el BOJA, fueron consensuadas previamente entre PSOE, PP e IU en proporción a su número de parlamentarios.

Así, el Partido Socialista optó por repartir 1.125.000 euros entre los ayuntamientos de Barbate (medio millón de euros), Sanlúcar (325.000), Villamartín y Arcos (125.000 euros para cada uno). Por su parte, el PP decidió darle su millón de euros correspondiente de manera íntegra a La Línea, mientras que IU hizo lo propio dándole su cuota de 125.000 euros a Alcalá del Valle. En la mayoría de los casos este dinero sirvió para pagar nóminas y facturas de luz o teléfono.

El singular criterio que se ha seguido para llevar a cabo esta donación económica ha dejado fuera del reparto no sólo a ayuntamientos que, aunque no tienen tantos problemas de pago, sí han sufrido igualmente contratiempos financieros, sino también a otros como San Fernando, Rota, Ubrique o Algar cuyos alcaldes no pertenecen a algunos de los tres grupos con representación en el Parlamento andaluz. El regidor roteño, el independiente Lorenzo Sánchez, lamenta que la Junta "valore la mala gestión" a la hora de repartir este dinero, por lo que también considera que se ha cometido "una injusticia, otra más en el trato que se dispensa a la administración local".

El malestar es generalizado en la práctica totalidad de los alcaldes de la provincia, incluidos muchos del PSOE, aunque la mayoría de ellos optaron ayer por hablar desde el anonimato. Sí dieron la cara los regidores socialistas de El Bosque (Antonio Ramírez) y de Tarifa (Miguel Manella), aunque desde perspectivas diferentes. El más claro fue el primero, que alertaba del "mensaje erróneo" que a su entender estaba dando la Junta "que nos está diciendo que no pasa nada si lo hacemos mal porque después ella lo arregla todo". "El reparto está mal hecho y así lo digo. Y produce mucha desazón que algunos ayuntamientos hayamos tenido que subir nuestras tasas e impuestos para recaudar fondos y otros, que posiblemente hayan heredado una mala gestión, se ven ahora premiados".

Lo mismo opina el regidor isleño, que indica que los partidos con representación en el Parlamento andaluz " se han saltado a la torera los procedimientos que ya están reglados para dar subvenciones y donaciones", lo que a juicio de De Bernardo supone "un gran atropello a la igualdad de derechos".

También es de la misma opinión el regidor olvereño, Fernando Fernández, quien anunció que pedirá explicaciones a a la dirección de su partido (IU) "si es que es verdad que ha participado en esta merienda". Considera Fernández que este reparto "responde a un intercambio de cromos de PSOE y PP para tapar las vergüenzas de determinados consistorios". "Si existen fondos extraordinarios, éstos se deben repartir por igual entre todos los ayuntamientos en base a criterios objetivos. Pero es una tomadura de pelo que se le dé un millón a La Línea o medio millón a Barbate mientras que los demás ayuntamientos, que también tenemos problemas para pagar las nóminas, nos quedamos mirando", reflexionó en voz alta el alcalde de Olvera.