La operación Tyson que ha coordinado la Interpol, y de la que ha formado parte el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, ha permitido iniciar otra serie de investigaciones con epicentro en la provincia de Cádiz. Según explicó a este periódico la cabo Ana Prieto, de la Jefatura del Seprona en Madrid, dentro de esta operación "la provincia tiene uno de los focos calientes de tráfico ilícito de residuos que provenían de Gibraltar".

Según apunta este mando de la Guardia Civil, después de las gestiones realizadas y de las investigaciones puestas en marcha se llega a la conclusión de que residuos que "salían de Gibraltar para ser tratados y valorados, según el tipo de residuo que era, no fueron tratados". Esos materiales llegaban a España sin cumplir esos cometidos, "lo que supone un fraude y un ilícito por no tratarse esos residuos, que no son devueltos a Gibraltar, sino que se quedan en la provincia sin ser tratados previamente".

Ecologistas dice que los residuos llegan a Medina al romperse un contrato con Los Barrios

Avanzó que el caso en la provincia de Cádiz "se trata de un delito contra el medioambiente, por lo tanto no es una cuestión administrativa, independientemente de que a lo largo de todo el mes que ha durado el desarrollo de la operación se han detectado otro tipo de actuaciones que sí han supuesto denuncias administrativas".

La portavoz de la Jefatura del Seprona expuso que "tres de los investigados se centran en esta operación, que también ha permitido esclarecer cinco delitos". Además las actuaciones que se han realizado han dado lugar a la apertura de otras 12 investigaciones que en estos momentos están en curso.

También esta investigación ha permitido detectar diferentes actividades que pudieran resultar ilegales, algo en lo que están inmersos los componentes del Seprona de la provincia de Cádiz y que pueden dar lugar a investigaciones, detenciones o aperturas de nuevos expedientes sancionadores.

Sobre estos vertidos se han pronunciado desde Ecologistas en Acción. Su portavoz y miembro del área de residuos, Daniel López Marijuan, dijo ayer que en esta operación hay que aclarar dos conceptos, ya que "una cosa es la ilegalidad, es decir el tráfico ilícito, del que el Seprona ha levantado esta trama presuntamente corrupta y otra cosa sería una irregularidad". El portavoz conservacionista expuso que "hasta hace unos meses, residuos de Gibraltar iban al vertedero de Los Barrios, y al romperse el contrato con la empresa gestora empezaron a llevarse a Miramundo, a Medina Sidonia, que es el vertedero de todas las mancomunidades".

Según López Marijuan, "para ese traslado conocemos efectivamente que se ha hablado tanto con el gerente de la empresa de Bioreciclaje y con la propia Consejería de Medio Ambiente que no tenían todas las autorizaciones reglamentarias, con lo cual, ahí hay una irregularidad administrativa, no es un ilícito penal, para decirlo de forma clara". En su opinión, la noticia es confusa, ya que "se mezclan una trama presuntamente corrupta, un tráfico ilegal de residuos de Gibraltar y una infracción administrativa, presuntamente también, puesto que hay un expediente sancionador abierto, tanto por parte del Seprona como por parte de Medio Ambiente".