La Asociación para los Derechos del Niño (Prodeni) ha apoyado hoy a la familia de Sanlúcar de Barrameda, a la que la Junta de Andalucía quiere retirar la tutela de su hijo por no ir al colegio y tenerlo escolarizado en casa, y ve «injusta y desproporcionada» la pretensión de la administración.

Después de que los padres fueran advertidos de que antes del 15 de enero deben enviar al niño de 11 años al colegio o sería declarado en desamparo según la Ley de Derechos y Atención al Menor, el colectivo ha expresado su rechazo a la intención de la Junta dadas las condiciones de escolarización y considera que la familia garantiza «plenamente el derecho a la educación» del chico.

Ha destacado en un comunicado que el niño sigue este sistema de escolarización (conocida como «home schooling") y participa en la Asociación para la Libre Escolarización (ALE), forma de escolarización que, según Prodeni, «se extiende por muchos países y garantiza plenamente la adquisición de conocimientos, hábitos y destrezas que exige el sistema educativo español».

En este sentido, el portavoz de Prodeni, José Luis Calvo, ha precisado que «el sistema educativo debe evaluar el nivel alcanzado por el alumno en el paso de primaria a secundaria y al finalizar la enseñanza obligatoria antes de emitir el título académico».

Este colectivo discrepa de lo que cree que es la preocupación habitual de la administración, que los niños que siguen esta fórmula no tengan contacto con otros y crezcan con déficit acusados de socialización que les perjudique en futuras relaciones sociales y laborales, y defiende que, «además de garantizarse la calidad en la adquisición de conocimientos, esta modalidad se preocupa mucho de que tengan relaciones extraescolares con otros chicos».

Prodeni cree que el hecho de que «cada vez más familias del mundo occidental se sumen a este sistema de escolarización en casa (en Estados Unidos pasan del millón)» obedece, entre otros motivos, a la «falta de confianza de los padres en el sistema reglado que no ofrece suficiente garantía de calidad y suele presentar -según colegios y zonas- alta conflictividad en el seno educativo».

También ha resaltado que Andalucía tiene la tasa «más alta» del país en abandono escolar, con un 38 por ciento de alumnos que no finalizan la Secundaria Obligatoria» y que «los problemas de violencia y acoso escolar no dejan de seguir presentes, junto con una notable desmoralización de los profesores».

Respecto al caso de Sanlúcar, sostiene que los padres están «cumpliendo con la obligación constitucional, que en ninguna parte menciona que la educación tiene que impartirse necesariamente en un colegio o escuela».

Rechazan la intención de la Junta al entender que «no existe abandono alguno, pues los padres no lo llevan al colegio sin más, sino que lo han matriculado en este sistema haciéndose directamente ellos cargo del proceso dentro de programa muy exigente en sus objetivos y con la garantía de que el alumno va a ser evaluado en su momento por la Administración».