La Policía Nacional desaloja por orden judicial a dos familias de Chanca, 33

  • Los inquilinos, entre los que hay cinco menores de edad, vivían en el inmueble sin contrato · El edificio cuenta con una orden de desalojo municipal desde abril de 2007, cuando se notificó su estado ruinoso

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía hacían efectivo, ayer a mediodía, el desalojo por orden judicial de las dos familias que permanecían en sendas viviendas en ruinas del número 33 de la calle Chanca, en la esquina con Diego Niño. Un desahucio que les ha pillado por sorpresa, aunque estaba previsto desde hacía meses.

En un primer momento, sólo una de las familias se encontraba en el interior del inmueble y pudieron ir sacando todas sus pertenencias antes de que los agentes les impidieran entrar de nuevo. En cambio, los miembros de la otra familia desalojada llegaron minutos más tarde, cuando ya el edificio estaba cerrado y unos albañiles, a petición del propietario, presente en el desalojo, procedían a tabicar las puertas de los pisos. Sin embargo, los obreros y el propio dueño de la finca sacaron las pertenencias de esta familia y las dejaron en la esquina de la calle, ante la impotencia de los afectados.

Las dos familias, con cinco menores a su cargo entre ambas, vivían en el edificio sin contrato de alquiler desde 2005, aunque aseguran que han estado pagando los recibos de luz y agua. Ahora, aseguran que no saben dónde ir, ya que se encuentran en lista de espera para poder recibir un piso social del parque municipal de vivienda. Mientras tanto, sus hijos menores, al menos, permanecerán en casa de familiares cercanos, según han explicado los propios afectados. Del mismo modo, ya habían recibido en varias ocasiones notificaciones para que abandonaran el inmueble. De hecho, en abril del año pasado, el área de Urbanismo decretaba el "desalojo inmediato" de las familias, "por la situación de inseguridad que presenta" el edificio. Aquel decreto añadía la obligación del dueño de adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar riesgos tanto para los moradores como para los viandantes.

Ya estas Navidades, el Juzgado ordenó a la Policía Nacional llevar a cabo el desalojo, tras las reiteradas denuncias del propietario de la existencia de 'okupas' en su casa, con la presencia de menores. Sin embargo, aquel desalojo no se llegó a realizar. Y lo mismo ocurrió a comienzos de año, cuando el propietario llamó a los servicios de emergencia para alertar de que el suelo de la azotea se estaba desprendiendo merced a las fuertes lluvias que cayeron aquella semana. Los servicios sociales del Ayuntamiento buscaron un alojamiento de urgencia para los afectados, en especial para los menores de edad, mientras persistía el temporal. Sin embargo, los dos cabezas de familia se negaron a abandonar el inmueble ya que conocían la intención del propietario, de tapiar las puertas y así evitar que entraran de nuevo. A los pocos días, la situación volvió a su situación anterior, por lo que, el pasado 9 de enero, Abreu denunció otra vez en la Policía Nacional y en la Jefatura de Policía Local la presencia de menores en el inmueble, por el riesgo que conllevaba para ellos permanecer en su interior.

El propietario insistía en que si ocurría una desgracia a los moradores, habiendo un decreto municipal de abril de 2007 para desalojar el inmueble y reiteradas denuncias, pediría responsabilidades al Ayuntamiento, a la Policía e incluso al juzgado por no haber tomado las medidas pertinentes para evitarlo en su momento.

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