Nuevo caso de irregularidad urbanística en El Puerto

  • El ex edil de Urbanismo de IP legalizó una casa inexistente en suelo no urbanizable y dio licencia para rematar las obras

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Los cajones del Área de Urbanismo de El Puerto siguen deparando desagradables sorpresas en forma de presuntas irregularidades urbanísticas cometidas por los anteriores gobernantes de Independientes Portuenses, que la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz investiga tras dar cuenta de ello el actual equipo de gobierno del Partido Popular. En esta ocasión, es un caso de los más flagrantes, protagonizado por el edil de Urbanismo del anterior mandato municipal, Juan Carlos Rodríguez, de IP.

Se trata de un decreto de legalización rubricado por el ex concejal para dar luz verde a una vivienda que se hallaba únicamente en cimentación. La zona en la que se ha registrado esta irregularidad es San Antonio, clasificada en el actual Plan General vigente en El Puerto como suelo no urbanizable.

Fue el 18 de octubre de 2005 cuando Rodríguez emitió el decreto por el que legalizaba "las obras en ejecución" de la vivienda sita en el desarrollo de San Antonio, en calle Cisne, al tiempo que autorizaba "las obras necesarias para su terminación", pese a tratarse de suelo no urbanizable. La orto foto municipal de la fecha revela la auténtica realidad: en la finca no había ninguna vivienda edificada. La edificación fantasma estaba en fase de cimentación, habiéndose colocado sólo encima de la base de cemento una estructura metálica sobre unos pilotes sobre los que se sustentaría la estructura del techo.

Lo increíble del asunto es que este decreto de legalización del ex edil de Urbanismo daba respuesta al requerimiento del propietario de la parcela, que tan sólo tres meses antes había presentado, no un proyecto de legalización de una vivienda unifamiliar ya hecha, sino el proyecto básico y de ejecución de la misma. En el proyecto presentado en Urbanismo, se recogía que se trataba de las obras necesarias para la construcción de una vivienda, que se situaba sobre un suelo que el Plan General clasifica como no urbanizable. De ahí que, en vez de dar licencia de obras, algo manifiestamente ilegal, el ex edil hubiera recurrido a la figura del decreto de legalización. Decreto en el que de nuevo, como ha hecho en otras innumerables ocasiones, Rodríguez alude a que la zona está clasificada como suelo urbano no consolidado en la aprobación inicial de la revisión del Plan, aún sin aprobación definitiva.

También como en anteriores ocasiones, el proyecto está firmado por Isabel Ruiz Vázquez, arquitecta del estudio Tec, que también redactó los proyectos de otras promociones que contravienen el planeamiento vigente a las que tanto el ex alcalde, Hernán Díaz, como Rodríguez dieron licencia de obras o bien legalizaron. Y en todos los casos además existen informes a favor del jefe de Servicio de Disciplina Urbanística y Licencias de Urbanismo, Fernando Jiménez.

Es de esperar que este nuevo caso termine yendo a la Fiscalía, junto al centenar de expedientes de obra nueva fraudulentos detectados en El Puerto (algunos protagonizados por los mismos profesionales que actuaban en Chiclana, en la trama de Obra Nueva, que ya va por treinta implicados) y el también centenar largo de decretos de legalización supuestamente contrarios a la legalidad urbanística que el Gobierno del PP tiene contabilizados hasta la fecha.

El fiscal de Medio Ambiente, Ángel Núñez, informaba hace poco a este diario que de los casi 80 casos de obra nueva que le han enviado desde El Puerto, ya ha remitido 38 denuncias a los Juzgados, teniendo otra treintena por tramitar. Luego, deberá hacer lo propio con los decretos de legalización si es que para entonces desde el PP se han enviado a Fiscalía como se vendió.

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