El fiscal general del Estado, Julián Sánchez Melgar, atenderá las súplicas de las madres y padres de menores -como es el caso de dos familias de Algeciras- que le reclaman que investigue el supuesto "oscurantismo y mala praxis" en los procesos de tutela de menores.

Los matrimonios formados por Libertad Santos Izquierdo y Michael Jacobs, así como Juan Antonio Prieto y la linense Estefanía Seiller, se encuentran como muchos otros en España expectantes tras el compromiso de la Fiscalía de revisar el funcionamiento del sistema de retirada de menores a sus padres.

Un grupo de madres comenzó una huelga de hambre en la puerta de la Fiscalía General del Estado, en Madrid, el pasado lunes, y el miércoles por la tarde, las atendió el fiscal general. A ellas y a José Maldonado, presidente de la Asociación Nacional del Menor Gitano, dedicada desde hace años a luchar contra "las injusticias" que genera un sistema que entienden que no funciona y que fomenta la corrupción.

Las madres y padres piden que se investiguen presuntas irregularidades y que sean los jueces y no los técnicos de las comunidades autónomas los que decidan en primera instancia la tutela de los menores. Aseguran que el fiscal general " se ha comprometido a estudiar y a investigar las reivindicaciones" planteadas, lo cual consideran un paso importantísimo que les llevó a desconvocar la huelga de hambre.

José Maldonado estuvo en Algeciras justo antes de marcharse a Madrid para mostrar su apoyo a las dos familias de la ciudad a las que les quitaron la tutela de sus hijos menores, en dos casos recién nacidos, en virtud de informes que consideran desfasados o llenos de falsedades.

Las mujeres pusieron en conocimiento del ministerio fiscal posibles irregularidades en materia de tutelas de menores, como la falta de transparencia y garantías en los informes que elabora la administración pública, los prejuicios entorno a situaciones de vulnerabilidad o violencia de género y la situación en la que se encuentran centros de menores tutelados y que aseguran han sido denunciados por defensores del pueblo de varias comunidades autónomas.

Durante 2017, 626 menores bajo la tutela de la Junta de Andalucía estuvieron en acogimiento familiar. Estas familias piden que se asegure la intervención del órgano judicial competente conjuntamente con el Ministerio Fiscal desde el comienzo de la tramitación de los expedientes de esta naturaleza. La cuestión es que las retiradas de tutela se producen tras el criterio de desamparo, pero la revocación únicamente se hace por vía judicial "lo que dificulta que personas con menos recursos puedan disentir de la decisión adoptada por los equipos técnicos", explicó el pasado lunes José Ignacio Delgado, procurador de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León.

Las medidas de protección de menores se articulan en un procedimiento "en el que la falta inicial de intervención judicial puede tener graves consecuencias en la medida en que introduce de facto una situación que afecta al núcleo familiar y al interés superior del menor" y, en este sentido, una vez producida la declaración de desamparo por la entidad pública, sin que haya mediado un procedimiento judicial al efecto "los niños o jóvenes pasan a ingresar en muchos casos en centros de menores". "La realidad es que existen dudas de que estos centros garanticen plenamente los derechos del niño", apostilló.

"Si estos derechos no son respetados, el menor debería poder interponer una queja, que suelen quedar en papel mojado y, por tanto, el menor puede ver coartada su capacidad para defenderse", matizó.

Las familias disponen de dos meses para recurrir la decisión a través de la vía judicial, pero es un trámite que no todas se pueden permitir por el esfuerzo económico y que se alarga como mínimo un año. Se trata de un modelo de protección a la infancia y la adolescencia que es competencia cedida del Estado a las comunidades autónomas desde haceaños y que, hasta ahora, no había encontrado la oportunidad de encadenar la denuncia colectiva de jueces, políticos, profesionales y familias para forzar una revisión que acabe con los errores del sistema y, sobre todo, el sufrimiento de los niños que son separados de sus familias.

Una de las denuncias de expertos y familiares es que la precariedad económica se está utilizando como un motivo para retirar la tutela de los menores de sus familias. Sin embargo, según denuncia la Asociación del Menor Gitano, "las comunidades reciben de la Unión Europea 70.000 euros al año por cada niño y los centros de protección de menores , que son en un 90% privados, de fundaciones, reciben al menos 4.000 euros por niño". De modo que las administraciones dedican sus recursos a los centros de acogida de menores, la mayoría gestionados de forma privada y concertada a través de fundaciones, en vez de dedicar recursos para las familias.