La Cámara de Cuentas fiscaliza la gestion del Consorcio

  • El informe detecta "algunas irregularidades" en contratos del organismo de Transportes

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha detectado "algunas irregularidades" en las fases de adjudicación y ejecución de contratos realizados por el Consorcio Metropolitano de Transportes Bahía de Cádiz en el ejercicio de 2005, unas irregularidades que "en algunos casos suponen incumplimientos no significativos y sin incidencias en los estados económicos financieros aprobados por la entidad".

En el informe de Fiscalización de Regularidad del Consorcio, la Cámara de Cuentas, apuntó que "las cuentas anuales y estados financieros del Consorcio expresan en sus aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la ejecución del presupuesto". De esta forma, dichas cuentas "contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con los principios y normas contables y presupuestarias aplicables, guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior y la entidad, salvo por ciertas salvedades, cumple, en general, la normativa examinada".

Entre las conclusiones más importantes, la Cámara precisó que en cuanto a la legalidad aplicable a la actividad desarrollada en el ejercicio fiscalizado, el Consorcio Metropolitano "actuó conforme a lo preceptuado y actuó conforme a la normativa para las actuaciones previas y necesarias de cada procedimiento en la adjudicación de los diversos contratos administrativos", y sólo apuntó las citadas irregularidades en las fases de adjudicación y ejecución de contratos.

De la gestión presupuestaria y contable llevada a cabo, se constató la "suficiencia y coherencia interna" de la información contenida en los estados contables y en las magnitudes presupuestarias que integran la Cuenta General. En ese sentido, apuntó que las previsiones iniciales del presupuesto para el ejercicio 2005 alcanzaron los 5.192.450 euros, de forma que los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas presentan un grado de ejecución de ingresos de un 81% y el de gastos de un 49%

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