El conflicto entre los trabajadores de la sala 085, servicio de atención telefónica de los bomberos, y el propio Consorcio provincial de Bomberos de Cádiz sigue creciendo. Este martes, el presidente de la entidad, Francisco Vaca, respondía a las críticas que realizaba el representante del Ayuntamiento de Puerto Real en el Consorcio, Juan Antonio Pontones, asegurando que la empresa adjudicataria del servicio había subrogado a la totalidad de la plantilla. Ahora es el sindicato CGT quien pide el cese del presidente "por mentir".

Ayer, el delegado de personal del 085, Manuel Tizón (CGT), explicó a este periódico que la nueva concesionaria del servicio estaría incumpliendo la propia plica de adjudicación del contrato, ya que debe cubrir el servicio de la Sala 085 de forma efectiva con 11 personas a tiempo completo y 4 a tiempo parcial (por horas). Tizón afirma que de las once personas que atienden las llamadas de emergencias a tiempo completo solo trabajan ocho. No obstante, eso no quiere decir que se haya despedido a cuatro trabajadores. Se trata de personas que han sido subrogadas estando de baja o excedencia, y sus puestos no han sido cubiertos.

Los beneficios de la empresa rondan los 700.000 euros cada dos años"

En sindicalista también corrobora la versión de Pontones de que una trabajadora, que tenía un contrato de interinidad por una baja de larga duración, fue despedida el mismo día en el que la empresa se presentó. No obstante ha sido readmitida a los pocos días "aunque con otro tipo de contrato perdiendo la interinidad", afirma Tizón.

Los trabajadores volvieron a lamentar ayer la negativa del Consorcio de subrogar a la plantilla de gestores telefónicos, "en base a unos informes realizados desde dentro y no por una empresa externa, que acabaron diciendo lo que quería el Consorcio: que no era viable". Para Tizón la falta de viabilidad económica es "inexplicable" cuando el servicio cuesta al consorcio 1.098.075 euros por dos años de gestión del servicio. "Teniendo en cuenta que prácticamente el único gasto de la empresa adjudicataria son las nóminas, estimamos unos beneficios a la empresa al menos 700.000 euros que el Consorcio podría invertir en otras mejores", asegura.

Y sobre las necesidades del servicio también explican que en varias ocasiones los gestores de llamadas han tenido que facilitar sus propios teléfonos móviles para la localización geográfica de personas perdidas en montaña o que los callejeros con los que trabajan no están actualizados y no pueden usar aplicaciones como Google Earth o Google Maps.