El Congreso de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CCOO) sirvió para reivindicar el empleo público como forma de recuperar empleo. Al menos fue uno de los temas tratados en estas jornadas a la que acudieron delegados sindicales de toda Andalucía. Al discurso del secretario general de esta federación, Agustín de la Cruz; y del secretario general de la organización en Andalucía, Francisco Carbonero, que reclamó inversión pública para reactivar la economía; se sumó la defensa que hizo la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, de la necesidad de que los empelados públicos recuperen sus derechos como vehículo para poder prestar unos mejores servicios a la sociedad. De ahí que apostara por la eliminación de la tasa de reposición a la que las administraciones se han visto sometidas a la hora de cubrir las vacantes en sus plantillas.

"Andalucía ha ido marcando la pauta, con un calendario exhaustivo en esa recuperación de derechos, que incluye la recuperación de la jornada de 35 horas, un elemento que pedimos al Gobierno que recoja en sus presupuestos para hacerlo extensivo al resto del Estado; así como la eliminación de la tasa de reposición. No tiene sentido mantener un límite a la incorporación de personal a la administración puesto que al trabajador que se jubila hay que sustituirlo con contratos temporales o interinos. Tiene el mismo coste para la administración, pero supone una gran insatisfacción que se refleja en el clima laboral", advirtió la consejera andaluza antes de la inauguración del congreso. Con sus palabras ponía sobre la mesa varios asuntos a los que el sindicato ha plantado cara, con otras organizaciones que forman parte de la mesa general de la función pública, como son la temporalidad y la pérdida de empleo en la administración. Es hora, dejaba claro De la Cruz, de conseguir empleo estable y de recuperar empleo neto en el sector público. "Las 35 horas eran recuperar empleo, no sólo un derecho", insistió Carbonero.

El anuncio de una convocatoria extraordinaria de oposiciones se tomó por todas las partes ayer presentes como algo positivo, aunque todos incidieron en que no sólo debía circunscribirse a Educación y Sanidad, además de Justicia, sino también a la administración general. "Nos parece insuficiente esa primera aproximación que tuvieron ayer [por el martes], porque en la administración general no se ha podido cubrir la salida de profesionales, por jubilación o baja permanente", apuntó Montero. La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, puso el punto de vista de los ayuntamientos: "La losa de la tasa de reposición es un problema común a cualquier partido que gobierne en un ayuntamiento".

De las 250.000-300.000 plazas que podrían salir a oposición, unas 40.000 corresponden a Andalucía. El Gobierno andaluz, precisó la consejera de Hacienda, había demandado estabilidad para más de 40.000 personas eventuales o interinas. Desde el sindicato se estudiará si esa cifra resulta suficiente para la realidad de la región.