Borrón y cuenta nueva para la construcción ilegal

  • La Junta propone "soluciones útiles y tratamiento generoso" para las 300.000 casas irregulares de la comunidad · El planteamiento es regularizar siempre que sea posible, previo pago de las cargas, y no permitir que se levante ni un inmueble más sin control

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La postura de la Junta de Andalucía ante al fenómeno de la edificación ilegal está expresa con claridad en las primeras líneas del nuevo Reglamento de Disciplina Urbanística: "Proporcionar soluciones útiles en la práctica y afrontar la regulación de problemas con un tratamiento generoso". La voluntad de regularizar lo que ya ha sido construido, siempre con la condición de que los propietarios paguen las cargas oportunas, está aparejada en la normativa a un control férreo de las nuevas infracciones. Es el intento de hacer borrón y cuenta nueva.

Este planteamiento -regularizar previo pago y sin dejar que se construya ni una casa más- recibió ayer el respaldo unánime de alcaldes, académicos, arquitectos y expertos en el sector en el transcurso de una jornada técnica sobre la Regularización Urbanística en Andalucía, organizada por Grupo Joly y el Ayuntamiento de Chiclana. "Estamos en política para atender a la ciudadanía, no podemos dar la espalda a la realidad", asumió el alcalde chiclanero, José María Román (PSOE), ante un aforo de 200 profesionales en el Meliá Sancti Petri. El escenario era idóneo: Chiclana está inmersa en un proceso pionero para regularizar más de 10.500 casas fuera de control.

La directora general de Inspección de Ordenación del Territorio, Rosa Urioste, defendió las dos líneas de trabajo adoptadas por la Junta: "prevención" y "gestión del pasado". La prevención pasa por sanciones más duras para los nuevos infractores. Un ejemplo es el "derribo exprés" -en un mes de plazo-, medida destacada del Reglamento aprobado en marzo. También será "decisivo" fomentar "la cultura urbanística", reclamó Urioste: "Hay unas reglas y hay que cumplirlas".

La labor de prevención, sin embargo, no oculta la realidad del territorio: según estimaciones de la Junta, ya hay unas 300.000 viviendas irregulares en Andalucía. Y la solución no va a ser derribarlas sino integrarlas en las poblaciones, siempre que sea posible -que no se encuentre, por ejemplo, en espacios de interés o protegidos- y previo pago de las cargas oportunas -aunque con "flexibilidad" en el abono-. "La regularización no va a ser una amnistía urbanística", sentenció el delegado de Obras Públicas en la provincia, Pablo Lorenzo. Para alcanzar este objetivo, la Junta promueve la aplicación de los planes municipales de inspección, otras de las herramientas más importantes del nuevo reglamento.

A través de estos planes, los ayuntamientos, con el respaldo de la Junta y las Diputaciones, deben elaborar un "inventario" de construcciones en suelo no urbanizable. "Una foto fija de la realidad del territorio". Un punto de partida sobre el que trabajar en la regularización, que será un proceso específico de cada lugar y que siempre se formulará a través de los Planes Generales de Ordenación Urbana de los municipios.

Según informó la directora general de Inspección, hay planes de inventariado en marcha en alrededor de 100 municipios de los 771 de Andalucía. El horizonte para el desarrollo de estas herramientas es de dos años. Hay zonas con situaciones graves como La Axarquía (Málaga) o Almanzora (Almería). Hay municipios como Chiclana o Vejer que ya han analizado a fondo su territorio y que ya están inmersos en el proceso regulador a través de su planeamiento.

Otra herramienta destacada del nuevo Reglamento de Disciplina es la posibilidad de conceder licencias de primera ocupación desvinculada de licencia de obras, "una salida para edificaciones históricas sin licencias anteriores", apuntó Urioste en la primera de las seis ponencias del día.

El que Andalucía disponga de un nuevo Reglamento de Disciplina no quiere decir que antes no hubiera una normativa. Si, pese a todo, se han construido 300.000 viviendas ilegales, ¿ qué o quién ha fallado? La pregunta surgió del aforo y animó el debate con los directivos de la Junta.

El alcalde de Tarifa, Miguel Manella (PSOE), criticó la frecuente caducidad de expedientes sancionadores en el urbanismo, "por dejadez, por burocracia o por intereses políticos". "La caducidad de un expediente urbanístico no debería permitirse", argumentó. Un técnico de un ayuntamiento de la Bahía dirigió una andanada contra las administraciones locales: "No ha fallado la legislación, sino la ejecución de lo legislado". "Los propios alcaldes no han querido ejecutar la disciplina urbanística en vigor y ahora desarrollamos una legislación que está basada en la desconfianza en la ejecución. No falta legislar, falta obligar a cumplir lo legislado". "¿No huele la nueva normativa a indulto urbanístico?".

Al frente de los regidores, el alcalde de Cartaya, Juan Antonio Millán (PSOE), señaló que él y sus colegas han hecho "lo que podían hacer". "Hemos utilizado todos los medios habidos y por haber, en unos casos con más éxito que en otros. Ahora estamos en el momento de hacer frente a la realidad del territorio; legalizar lo legalizable, y lo que no, no. Al menos vamos a dialogar", pidió.

La directora general de Inspección medió en las acusaciones para asumir que "hemos fallado todos". Y todos, enumeró, son "el que compró, el que parceló, el que construyó sin permiso, el que miró para otro lado". También el que fue lento en la gestión del expediente, o el que no habilitó los recursos necesarios para afrontar los problemas de urbanización.

La responsabilidad, a su juicio, también es de una sociedad en la que "no hay cultura urbanística ni de la infracción". "No puedes hacer lo que quieras con tu campo, hay unas reglas de juego, sociales... No se puede construir donde se quiera, no se puede construir uno una casa en la parcela de al lado de la de su abuelo. Hay que saber que el derecho romano de la propiedad ya no existe".

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