Fiscalía y Udyco prosiguen con el desarrollo de un amplio operativo 'anticorrupción' en la ciudad y ayer mismo, según ha podido contrastar este periódico a través de diversas fuentes, irrumpieron funcionarios públicos en la Delegación Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Jerez, antigua Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), para solicitar a los técnicos de la concejalía que dirige actualmente Juan Pedro Crisol todo tipo de documentación seleccionada y relacionada con el grueso de convenios urbanísticos rubricados en los últimos años. Probablemente, han señalado, esta petición de documentos también se esté llevando a cabo en empresas que han venido trabajando con el Consistorio jerezano. La investigación, según han venido manteniendo en días atrás fuentes del gobierno local, arrancó con el cese de Pacheco a manos de la alcaldesa, Pilar Sánchez, en marzo de 2007. La regidora denunció a la Fiscalía presuntas irregularidades en la gestión del ex alcalde y la investigación sigue su curso.

No obstante, se ha sabido que el rastreo "a conciencia" de la gestión urbanística seguida en el Consistorio durante los últimos tiempos es el principal leit motiv que impulsa el "singularísimo" expediente abierto por la Fiscalía, que además incluye otras causas -se habla de un total de cinco- como el 'caso Jerecom' y la trama de empresas satélites que, entre otras cosas, presuntamente facturaban a la GMU por duplicado y cobraban por obras no ejecutadas; y la denuncia que ya ha cursado el Juzgado de Instrucción nº3 por supuestas contrataciones irregulares de dos colaboradores de Pedro Pacheco que cobraron unos 200.000 euros sin justificar contrapartida o trabajo alguno.

Mientras los grupos políticos han declinado en todo momento pronunciarse de forma abierta hasta tanto en cuanto no avance o culmine la investigación, lo cierto es que el operativo ha solicitado en Urbanismo "todos los convenios urbanísticos y numerosa documentación sobre obras y promociones concretas". En este sentido, ha podido saber este medio, los funcionarios han requerido en los convenios la fecha de solicitud de licencias; la fecha de concesión de dichas licencias; el registro de petición de primera utilización y la fecha en la que se concedía. Igualmente, se ha solicitado información sobre "el objeto concreto de lo que se convenía". Este periódico ya adelantó que Fiscalía y Udyco habían solicitado a altas instancias municipales todo tipo de documentación relacionada con algunos de los convenios más importantes rubricados en los últimos años, como puedan ser las modificaciones puntuales de Croft, Carrascal, Ikea o acuerdos firmados sobre los suelos de La Norieta (sector 34).

En este punto, diversas fuentes insisten en el entronque que toda esta investigación pueda tener con la 'Operación Karlos', que destapó una presunta trama fraudulenta a Hacienda y Seguridad Social. De hecho, cuando van a cumplirse tres años de aquella operación, no está de más recordar que ya en aquel momento IU solicitó una investigación por las posibles extensiones urbanísticas del caso 'Karlos' y señaló directamente a la figura de José Luis López, empresario ubriqueño detenido en esta operación y puesto en libertad con cargos aunque sin fianza, y su vínculo con el polémico desarrollo de La Norieta, la segunda fase de un parque empresarial gestionado precisamente por la empresa Jerez Ciudad de Negocios, de la que López es consejero. Dicho grupo político puso de manifiesto el bajo precio de venta mediante el cual el empresario adquirió la parcela -72 euros el metro- en relación con el que llegaron a alcanzar otras zonas con menor proyección que La Norieta, con precios que rondaron los 160 euros por metro. Lo es evidente es que Fiscalía y Udyco están profundizando en las posibles causas abiertas y trabajando a destajo en una investigación que se prevé larga.